Cuenta atrás para la sentencia del Caso PLAZA

Zaragoza

Mañana, viernes, se dará a conocer la sentencia del Caso Plaza, el mayor proceso contra la corrupción instruido en Aragón. Sentencia que llega 3 meses después de finalizar el juicio y que esperan 3 de los acusados, el exvicenconsejero de la sociedad Carlos Escó y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría. Se enfrentan a un máximo de 5 años de cárcel y a multas que alcanzan los 755.000 Euros.

Esta incertidumbre es la que este viernes resolverá la sentencia. Según la calificación final de los delitos, la Fiscalía pedía para Carlos Escó 4 años y 9 meses de prisión junto a 20.000 Euros de multa y 21 meses de inhabilitación por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación caudales públicos.

En el caso de Floría, 3 años y 3 meses de cárcel, 20.000 Euros de multa y 13 meses de inhabilitación por efectuar trabajos para PLAZA por un coste superior al real. La mayor pena es para Agapito Iglesias, para quien solicitan por cohecho y falsedad 5 años y 10 meses de prisión y una multa de 755.000 Euros.

Serán los únicos que estén esperando la sentencia puesto que para el resto, otros 19 acusados, será un mero trámite al haber reconocido los hechos y alcanzado acuerdos previos con la Fiscalía. De estos últimos, solo 2 entrarán en prisión, el exgerente Ricardo García Becerril que deberá de cumplir 2 años y un día por la malversación, más de 700 jornadas en beneficio de la comunidad y la devolución de parte del dinero defraudado. Junto a él, por el mismo tiempo de prisión, José María Jordán, gerente de la UTE Acciona Mariano López Navarro y el pago de una multa de 100.000 Euros.

Junto a estos acuerdos, la DGA firmó otro con Acciona, la principal contratista de la urbanización, que asumió parte de los delitos de dos de sus trabajadores: José María Jordán y Miguel Ángel Bretón.

De hecho, para garantizar la cancelación total de la deuda que ascendía a 147 millones de Euros, ya en en el 2018 la empresa abonó algo más de 14 millones de Euros a la DGA. Además se comprometió a pagar a lo largo de este mes de mayo 35 millones más como responsable civil subsidario. En cuanto al resto, su resolución se acordó que debería hacerse mediante el procedimiento de arbitraje judicial en el tiempo máximo de 1 año.