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Lunes, 14 de Octubre de 2019

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26 sucursales bancarias no pagan IBI amparadas en sus fundaciones según la auditoría de la deuda municipal

Un total de 443 inmuebles de entidades religiosas están exentos de este impuesto o tienen bonificaciones

Ayuntamiento de Córdoba. /

La comisión de seguimiento de la Auditoría de la Deuda Municipal, constituida en julio de 2017, ha emitido un dictamen-memoria que se abordará en el pleno municipal de este martes. Centrada en los beneficios y exenciones fiscales, en la deuda y préstamos bancarios y en obras públicas como el Palacio del Sur, deja datos llamativos sobre la situación municipal en estos ámbitos.

Fijando su análisis en exenciones o bonificaciones del IBI, ha detectado que hay 26 locales comerciales exentos de IBI cuyos titulares son fundaciones bancarias pero que "se corresponden con las red de sucursales de dichas entidades para la atención a los clientes...supone una merma para las arcas municipales de 47.987 euros anuales", señala la memoria a la que ha tenido acceso Radio Córdoba.

También hay 443 inmbuebles de confesiones religiosas y centros de enseñanza concertados con exencion o bonificación del IBI por valor de 1'2 millones al año entre los que se encuentran "medio centenar de locales comerciales, establecimientos hoteleros, una veintena de naves industriales y oficinas, numerosas plazas de aparcamiento, una docena de solares, más de 200 viviendas, centros deportivos, hospitalarios o residencias de mayores".

Estos beneficios fiscales se basan en la legislación estatal, como el decreto que renueva la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (2/2004). Y bajo ese paraguas, la comisión ha intentado conocer si se dan "posibles abusos o fraudes de ley". Y con problemas como la falta de actualización catastral de numerosos inmuebles o la falta de un "listado exhaustivo de inmuebles objeto de beneficios fiscales".

Las exenciones y beneficios de IBI ascienden a un mínimo de 5'6 millones del total de 9 millones de beneficios fiscales aplicados por el consistorio.

 

PRÉSTAMOS AL 58% DE INTERÉS

La deuda del Ayuntamiento de Córdoba llegó a su pico más alto en 2011, por encima de los 300 millones de euros (en 2015 era ya de 236 millones). Ésta supero el 100% de los ingresos anuales municipales en el periodo 2003-2005 y en el de 2008-2012. Lo que llevó a planes de saneamiento y a refiinanciaciones, además de mantener los servicios públicos con ese endeudamiento. En 2015, ultimo año analizado en la memoria, el 75% de la deuda se correspondía con préstamos de refinanciación (211'2 millones). Y su pago suponía un 13% del presupuesto anual.

La contratación de préstamos de derivados financieros y operaciones de permuta financiera (SWAPs), un tipo de préstamos complejos para evitar los vaivenes de los intereses variables llevó al consistorio a firmar con Caja Castilla La Mancha un crédito de 3 millones de euros en 2007 del que ya se ha pagado sólo en intereses más de 5 millones, y que está vivo hasta 2022. De hecho, el Ayuntamiento quiso cancelarlo y un informe de Tesorería alertó de que el coste de cerrarlo con un capital vivo de 1'7 millones de euros era de 4'8 en total, por gastos incluidos en el contrato de este producto financiero.

Hay otros 8 contratos por valor de 196 millones de euros en este tipo de operaciones de permuta financiera, 155 con el BBVA y 46'4 con Deixa Sabadell. Amortizar los préstamos con éstas costaría un 15% y un 19% respectivamente del capital vivo.

Actualmente, según los datos de la delegación de Hacienda, la deuda ha pasado de 265 millones de euros en 2014 a los 185 al cierre de 2018.

Ante estas situaciones la Comisión, presidida por la concejala María de los Ángeles Aguilera (Ganemos) y conformada por los grupos políticos municipales (la abandonaron PP, Ciudadanos y UCOR), el Consejo Social, el Consejo del Movimiento Ciudadano, Ecologistas en Acción y el Fórum de Política Feminista, ha realizado propuestas de mejora que irán al pleno de mañana.

 

ACTUALIZAR EXENCIONES Y BONIFICACIONES

La Comisión pide la actualización del los inmuebles exentos o con bonificaciones fiscales y efectuar planes para una actualización de valores catastrales y uso de los bienes. Así se puede hacer, entienden, una "estimación real" de lo que el consistorio deja de percibir. También reforzar los recursos de inspección fiscal, instar al gobieno central normas más claras sobre estos beneficios y de manera "más justa", además de una compensación económica a los consistorios dentro de su Participación en los Ingresos del Estado. Además de facilitar financiación con una banca pública, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o fondos específicos.

En cuanto a los operaciones financieras, las denominadas SWAPs, llama a a realizar un análisis de éstos por parte de Asesoría Jurídica y Tesorería por el impacto negativo en las arcas. Y sobre el caso del préstamo de Caja Castilla La Mancha, propone la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico experto que defienda los intereses del Ayuntamiento. También pide un protocolo para la firma de préstamos futuros.

En lo que se refiere a obra pública, tras el gasto en el fallido Palacio del Sur, la comisión recomienda un nuevo Plan Estratégico de la ciudad y fijar protocolos para que los proyectos que supongan más de un 10% de los recursos del presupuesto cuente con un informe sobre retorno social, además de establecer un seguimiento de los proyectos.

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