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Sábado, 17 de Agosto de 2019

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Denuncian la presencia de okupas en una finca residencial en La Pedrera en Dénia

Los vecinos hablan de situación "insufrible" desde hace varios años

La comunidad de propietarios de la urbanización Mirador Monte Pedrera, en Dénia, denuncian la “insufrible” situación, que viven desde hace años, ante la proliferación de okupas en esta finca residencial y la situación de inseguridad derivada de la misma.

De las 64 viviendas construidas, 11 están vendidas (es decir, tiene propietario) y 23 están okupadas de forma ilegal, según denuncian los vecinos.

Los vecinos recibieron las llaves de sus viviendas en el año 2007, y desde entonces, los 11 propietarios se ven abocados, señalan, a hacer frente a los gastos de comunidad (agua, luz, ascensores, piscinas), ya que la promotora, indican, no abona su parte correspondiente. Según los vecinos, la deuda de la promotora asciende a unos 150.000 euros aproximadamente.

No obstante, los dueños de las viviendas explican que la situación se agravó en 2017 cuando la urbanización fue “invadida”, según sus propias palabras.

Desde entonces, añaden, los propietarios han sufrido agresiones físicas y verbales, e incluso amenazas de muerte, y daños en sus propiedades (coches rayados, ruedas pinchadas o trasteros abiertos).

De hecho, según denuncian, la presidenta de la comunidad ha sido víctima de estos ataques, y pese a ser la víctima, los okupas la han denunciado señalando que han sido ellos los agredidos por ella.

Pero además, desde la comunidad denuncian enganches ilegales de luz, lo que les ha provocado facturas impagadas, que ascienden a unos 20.000 euros.

Los vecinos señalan sentir “decepción, impotencia y rabia” porque la ley no les ampara, lamentan.

Explican que esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones tanto ante la Policía Local como Policía Nacional, como en reuniones con el alcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana.

No obstante, el problema radica en que la titularidad de las viviendas okupadas todavía está en sede judicial.

Desde la comunidad reclaman compromiso de las autoridades civiles y judiciales y medios para los cuerpos de seguridad del estado.

Y también reivindican soluciones para que cualquier afectado y no solo el propietario pueda iniciar los trámites correspondientes. Y que existan medidas cautelares ágiles y contundentes y, posteriormente, el procedimiento judicial que corresponda con todas las garantías legales pero con a posesión a favor de aquel que justifique su derecho.

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