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La Fiscalía pide para el anterior Director de EMUDESA cinco años de prisión

Solicitan la apertura de juicio oral al considerar ciertas las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa municipal

El juzgado estudia las presuntas irregularidades en la anterior gestión de EMUDESA /

El Director de Emudesa, Javier Rivera ha recibido esta mañana la notificación del juzgado de Instrucción número 3 informándole de la petición de apertura de juicio oral al considerar ciertas las presuntas irregularidades en la gestión de la Empresa Municipal de Urbanizaciones de Elda del anterior director.

Según el escrito, Miguel Ángel Mancheño, anterior gerente de EMUDESA así como el gerente de una empresa que, presuntamente realizó trabajos para esta entidad, se lucraron de más de 42.000 euros pues los trabajos importan una cantidad de 22.600 euros cuando las facturas abonadas reflejan más de 65.000.

Es por ello que propone imponer a Mancheño, la pena de cinco años de prisión, multa de 18 meses a 10 euros diarios, con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante seis años.

Así mismo para el empresario se propone la de cuatro años de prisión, multa de doce meses a 10 euros diarios, con responsabilidad penal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante tres años y seis meses.

También se refleja que ambos deberán de indemnizar de forma conjunta y solidaria a la empresa con el dinero con el que supuestamente se han lucrado más los intereses legales y las costas judiciales.

ANTECEDENTES

Hay que recordar que fue el propio concejal de IU, Javier Rivera quién denunció a Anticorrupción estas presuntas irregularidades. Los informes periciales de expertos y de los servicios jurídicos del ayuntamiento exponen, que se habían fraccionado contratos de obras y reparación, unos 121.000 euros mediante una única empresa durante los seis primeros meses de 2015, sobrepasando el límite legal permitido por la Ley de Contratos.

Un periodo en el que dentro de estas facturas se descubrió la contratación de reparaciones de 13 viviendas de Almafrá por unos 65.500 euros más IVA. Sin embargo el informe pericial indica que tan solo se realizaron reparaciones por valor de 22.600 euros lo que significa que el restante se cobró pero no se realizó ni justificó.

Además, también se encontró una firma de un contrato “personalizado”, dentro de la enajenación de una nave por los cuales, la anterior dirección se comprometía a asumir el coste del suministro eléctrico generado por los 19 meses siguientes sin que ese dato apareciera ni en la escritura ni en los pliegos de condiciones.

Rivera anticipó además el juez ha ampliado las posibles irregularidades y que estaríamos hablando de un posible “modus operandi” de toda la legislatura del anterior mandato del PP.

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