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Un año de prisión para la empleada de Andalucía Emprende en la costa por apropiarse de 7.869 euros

La ahora condenada, L.G., responsable de zona, aprovechó los poderes que tenía sobre las cuentas para quedarse con esa cantidad económica

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El Juzgado de lo Penal 2 de Motril ha condenado a un año de prisión a una trabajadora de Andalucía Emprende, L.G.,  por un delito de apropiación indebida tras hacerse con una suma de 7.869 euros de cuentas a las que tenía acceso por su puesto como responsable de zona de la Costa Tropical.

Según consta en la sentencia, esta empleada se encargaba, entre otras tareas, de coordinar y dirigir al personal ubicado en los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial situados en Albuñol, Almuñécar, Salobreña y Motril.

El 27 de abril de 2010 Andalucía Emprende le otorgó un poder especial por el que le autorizó únicamente a ella a seguir y disponer de los fondos de una cuenta corriente titularidad de esta fundación pública andaluza, en la que podía ordenar transferencias, ingresar y retirar efectivo, con un límite de 5.000 euros para el cumplimiento de su cometido como responsable de zona. A partir de ese momento, Andalucía Emprende ingresó un total de 12.785 euros a esa cuenta y a otra personal suya.

El juzgado considera probado que durante el tiempo que ejerció como responsable de zona --fue cesada de este puesto por pérdida de confianza en 2012-- la acusada hizo suyos 7.860 euros de estas cuentas corrientes y en perjuicio de la citada fundación pública andaluza.

Ya en 2013, cuando la entidad realizó el cierre contable del ejercicio anterior informó a la empleada de que de los 12.785 euros que le había ingresado solo estaban justificados documentalmente 3.501 euros y se le pedía que justificara el resto. Ante su silencio, se procedió a extinguir su contrato.

En la sentencia, contra la que cabe recurso, también se condena a esta exempleada a indemnizar con 7.869 euros a Andalucía Emprende, que ha ejercido la acusación particular en este proceso y había solicitado cuatro años de prisión y una multa. La Fiscalía había elevado su petición a nueve años de cárcel.

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