Fiscalía pide 8 años para el alcalde de Llíber por la presunta estafa de licencias

Alicante

La candidatura de César Sánchez en la lista de Llíber se pone cada vez más en entredicho.La causa judicial contra el alcalde de esta localidad, el popular José Juan Reus, que sirve de trampolín a su vez a la candidatura de Sánchez para repetir en la Diputación, sigue avanzando.

El fiscal pide en su escrito de calificación de los hechos para Reus -que quiere renovar como alcalde- una inhabilitación de 8 años para ejercer empleo o cargo público.

Esta petición, recordamos, se suma a los 9 años de inhabilitación que pide la acusación particular (además de multa y un año y seis meses de prisión) a la espera de que se ponga fecha al juicio oral en la Audiencia Provincial, por un delito continuado contra la ordenación del territorio de su etapa como edil, por la concesión de 292 licencias en suelo rústico, y con el fin de "obtener un beneficio económico", como reza el escrito del Ministerio Público.

Pero se trata de un caso que puede, además, conllevar "consecuencias gravísimas para la reputación de la provincia y de la Comunitat Valenciana" en lo referido a seguridad jurídica, según el secretario autonómico de Vivienda, Josep Lluis Ferrando, que este martes se reunió con los afectados, en su mayoría británicos que hace unos 20 años compraron las viviendas sin condiciones mínimas para ser habitadas.

Aunque el propio alcalde aseguraba en declaraciones a Radio Alicante que estas viviendas cuentan ya con agua, luz, cédula de habilitabilidad y escrituras, incide Ferrando en que sigue sin existir legalidad plena y en cualquier momento "pueden ser demolidas". Pero habrá que esperar a una resolución judicial y después valerse de la nueva ley LOTUP, para minimizar el impacto medioambiental de estas casas con medidas correctoras, explica.

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Las licencias, recordamos, se otorgaron para una supuesta reforma o restauración de edificios, pero en la mayoría de los casos, tales construcciones no existían y lo que en realidad se hizo fue intentar construir viviendas de nueva planta, que se promocionaron en Reino Unido, con una apariencia de legalidad que no tenían y siendo "indudable" que los miembros del Ayuntamiento de Llíber investigados "conocían las irregularidades que estaban cometiendo al otorgar las licencias", según recoge el escrito de acusación.

Junto a José Juan Reus hay otros dos exediles, así como varios promotores, funcionarios y un arquitecto municipal, en total 13 procesados por falsedad documental, cohecho, negociaciones prohibidas y estafa agravada y para los que el fiscal solicita condenas que oscilan entre los 4 y los 7 años de prisión.