La Lonja y las Torres de Serranos tendrán cámaras de vigilancia

Valencia

La Junta de Gobierno Local aprobará el próximo viernes el proyecto de instalación de 43 videocámaras para la vigilancia de los espacios públicos en los que se encuentran ubicados los 7 monumentos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC). El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 508.000 euros.

Las cámaras se sitúan en distintos emplazamientos: en las farolas del alumbrado público, en columnas nuevas, o en soportes instalados en los edificios BIC, siempre después de un pormenorizado análisis de cada lugar para evitar o minimizar las visibilidad de los edificios que son patrimonio cultural.

Tal como se ha explicado desde la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, que dirige Glòria Tello, se trata de los monumentos más representativos del patrimonio valenciano: la Llotja de la Seda, las Torres de Serranos, las Torres de Quart, la Atarazanas, el Almudín, el Palau de Cervelló y el Museo de la Ciudad.

En total son 43 las videocámaras previstas. El proyecto ya estaba listo el pasado mes de julio, y desde entonces se han debido obtener los dos informes preceptivos para este tipo de instalaciones: la autorización de la Delegación de Gobierno para instalar las videocámaras, que se obtuvo el pasado 1 de febrero; y la autorización patrimonial aprobada por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalidad Valenciana el 28 de marzo de 2019, obtenida el 4 del pasado abril.

El proyecto de instalación cuenta con diferentes modalidades de soporte de las cámaras. En la mayoría de los edificios se utilizará la instalación en parte del alumbrado público existente, y en el caso de las torres de Quart, se procederá a instalar una columna nueva, mientras que para el Museo de la Ciudad y El Almudín, los soportes de palomilla se incorporarán al conjunto histórico del edificio.

El presupuesto definitivo del proyecto es de 508.298,91 euros, incluyendo beneficio industrial, gastos generales e IVA, y una vez tramitado el contrato de obras se establece un plazo de ejecución de tres meses.