El Tribunal de Cuentas investiga presuntas irregularidades cometidas por la urbanizadora Corralejo Playa

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal de Cuentas ha abierto diligencias para aclarar las presuntas irregularidades detectadas en el funcionamiento de la urbanizadora Corralejo Playa, una sociedad mixta público-privada, que afecta a más de 800 propietarios, creada por mandato municipal en 1994, para ocuparse de urbanizar el plan parcial y gestionar las cuotas de los propietarios de esos terrenos situados en una de las zonas turísticas más codiciadas de Fuerteventura.

Los máximos responsables de esa sociedad, eran el entonces alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo y Pedro Amador, que llegó a ser también regidor y ahora candidato a la alcaldía. Este último era el encargado de gestionar el cobro de las cuotas que generaron reclamaciones judiciales de sus propietarios disconformes con esos pagos. 300 sentencias, de las que casi la mitad en el Supremo dan la razón a los denunciantes. Sin embargo la constructora Dragados acudió también a los tribunales al considerar que la urbanizadora no abonó al contratista el coste de las obras realizadas fallando en 2013 a favor de la empresa instando a la sociedad a pagar casi 5 millones de euros. Tres años más tarde, con Amador en la Alcaldía, vuelve a girar las cuotas para satisfacer esa demanda. Una deuda que podría sumar otros 10 millones de euros en intereses al tratarse de obras certificadas en 2001.La SER se ha puesto en contacto Jose, nombre ficticio de uno de los afectados que prefiere mantener su anonimato, al que se le reclama un millón de euros asegura que los adminsitradores de la sociedad hacían cobros arbitrarios en función de sus intereses personales. "Todas las fincas relacionadas con gente que estaba metida en el consejo de Administración de la sociedad resulta que se le daban cuotas por cobradas o el método de cálculo se hacía para que salieran beneficiados, mientras que a los demás ese decrecimiento que se le aplicaban a los amigos se nos atribuía a nosotros porque alguien tenía que poner las cantidades finales", aseguró.

Ante la evidente indefensión de los propietarios y las presuntas irregularidades, el actual grupo de gobierno del ayuntamiento encargó en 2017 una auditoría sobre la gestión de esa sociedad entre 1996 y 2006 que confirmó alteraciones muy significativas en los importes de las cuotas, sin rastro contable , irregularides urbanísticas en todo el frente marítimo de Corralejo donde hasta tres hoteles ocupan espacios públicos o la enajenación del 10% del suelo de aprovechamiento púbico del plan parcial. Un caos en la gestión de esta sociedad que ha supuesto un auténtico calvario para los afectados. "Quién va a poner ese dinero?, si los particulares no responden, si el ayuntamiento no fue condenado sino la sociedad pero si esta no tiene ingresos, quién pone el dinero?" se pregunta José.

El Ayuntamiento de La Oliva ha trasladado las conclusiones del informe de la auditoria forense de esta sociedad al Tribunal de Cuentas que ya ha abierto diligencias para esclarecer las presuntas irregularides cometidas por esta sociedad. Una denuncia presentada también ante la Fiscalía de Las Palmas, la Audiencia de Cuentas y la Dirección General de Seguros. El consistorio cree que se podrían haber cometidos delitos societarios, contra la ordenación del territorio, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y malversación, entre otros.