Miércoles, 03 de Junio de 2020

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El PSPV-PSOE pedirá la declaración de la alcaldesa de Vall d'Alba si el juzgado abre juicio oral contra Francisco Martínez

Vall d'Alba

Vall d'Alba / Radio Castellón

El PSPV pedirá la declaración como testigo de la alcaldesa de Vall d’Alba y candidata del Partido Popular, Marta Barrachina, si el juzgado decide abrir juicio oral contra el ex alcalde del municipio, Francisco Martínez, según ha podido saber Radio Castellón Cadena SER.

El Juzgado de Instrucción número 4 Castellón mantiene el auto de incoación de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, contra el ex alcalde de Vall d'Alba, del PP, y exvicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez, su hija Andrea y el empresario, Raúl Babiloni. Según el auto al que ha tenido acceso Radio Castellón, a través de diversas sociedades compartidas, Prodever, Gestintur y Franvaltur, los investigados adquirieron fincas en el municipio "relacionadas con los programas de actuación urbanística, aprovechando la información privilegiada de la que disponía Francisco Martínez, por su condición de alcalde".

Según el escrito judicial, actuaron de este modo, con la "intención de lucrarse con la adquisición y posterior venta de terrenos". Los hechos objeto de la investigación se centran entre los años 2005 y 2014. El ex líder popular recurrió el auto y alegó que no fue el responsable de aprobar los proyectos urbanísticos del municipio por los que está investigado. En el recurso aseguró que esa responsabilidad la delegó en la Junta de Gobierno, una junta en la que estaba la actual alcaldesa del municipio y vicesecretaria del PP provincial, Marta Barrachina. Por ello, la acusación popular, representada por el PSPV, entiende que tanto Barrachina, como el resto de miembros del PP, que formaron el gobierno municipal entre 2003 y 2015, deben dar explicaciones y pedirán que declaren si el juzgado abre juicio oral, según ha podido saber esta emisora.

Fiscalía pide una condena de 11 años de prisión y un millón y medio de euros de multa. La acusación popular pide 16 años de prisión y 2 millones de euros de multa para el exvicepresidente de la Diputación y mano derecha de Carlos Fabra.

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