El TSJIB anula la prueba pericial de los móviles incautados a los periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca'
La magistrada del TSJIB entiende que no es posible realizar la prueba garantizando que se salvaguarda el secreto profesional de los periodistas
EP
PALMA
La magistrada del Tribunal Superior de Justicia Felisa Vidal ha decidido anular la prueba pericial planteada para averiguar si los móviles y ordenadores incautados a periodistas de Europa Press y 'Diario de Mallorca' fueron examinados por la Policía Nacional.
En base a un informe de la Policía Científica, la instructora entiende que no es posible realizar la prueba garantizando que se salvaguarda el secreto profesional de los periodistas. Además, tiene en cuenta que, igualmente, la prueba no aseguraría "con un alto grado de certeza" si los dispositivos han sido o no examinados.
La pericial estaba prevista para el 13 de mayo, en el marco de la querella presentada por los periodistas afectados contra el juez instructor del 'caso Cursach', Miguel Florit, que ordenó la incautación de los dispositivos en diciembre. La prueba recayó en la Policía Nacional e iba a realizarse en las dependencias de la Jefatura Superior de Baleares.
El 7 de mayo, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de Baleares remitió un oficio a la instructora en el que alertaba de que para practicar la prueba era necesario hacer una "extracción física" de la información contenida en los terminales, lo que implica un "volcado de la totalidad del contenido".
Además, la Policía informó de que para poder acceder a las funcionalidades de los dos móviles era necesario "un previo borrado total"; y que "no se podría asegurar con un alto grado de certeza si los móviles han sido o no examinados".
En cuanto a los ordenadores y el 'pendrive' incautados, el inspector avisó de que su copiado forense requeriría "varias horas", dependiendo del tamaño de los discos duros, y el análisis de la información podría durar "varios días".
La prueba fue pospuesta mientras se resolvían las alegaciones planteadas por los periodistas, que tras conocer el informe pidieron no realizar la pericial al entender que el análisis vulneraría el secreto profesional.
