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Sábado, 17 de Agosto de 2019

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Inspección de Trabajo acusa de cesión ilegal de mano de obra a la Diputación de Cádiz

Propone una sanción de casi 300.000 euros a una empresa adjudicataria de un servicio en la que comprueba "una degradación en las condiciones de trabajo" amparada por la institución provincial

Diputación provincial de Cádiz /

La Inspección de Trabajo acusa a la Diputación de Cádiz de haber incurrido en una cesión ilegal de mano de obra a una empresa adjudicataria un servicio en el área de Gestión y Recaudación Tributaria de la Diputación de Cádiz a la que propone sancionar con casi 300.000 euros. Contra la propuesta caben alegaciones.

El acta que detalla la infracción, a la que ha tenido acceso Radio Cádiz, expone que los trabajadores de la empresa adjudicataria del servicio lo prestan en un local titularidad de la Diputación de Cádiz, con materiales de la institución provincial, que reciben órdenes e instrucciones de técnicos de la Diputación y que tienen que consultar si pueden cogerse vacaciones en un determinado mes con técnicos de la institución provincial.

También señala el informe elaborado por la Inspección de Trabajo que los empleados de la empresa externa recibían formación destinada al personal laboral y funcionario de la Diputación. En el documento se indica que la justificación técnica de la contrata era la necesidad de personal y que no se observa autonomía del objeto.

Además, apunta una “degradación en las condiciones de trabajo”, porque las cantidades que perciben los trabajadores de la contrata son “notablemente inferiores a las abonadas al personal laboral de la Diputación que realiza las mismas tareas, provocando un perjuicio económico a los trabajadores” de la empresa.

La Inspección de Trabajo recalca que “tras la comprobación de la existencia de cesión ilegal de trabajadores entre las dos empresas arriba indicadas, se constata que tal situación provoca una degradación de las condiciones salariales y de Seguridad Social del personal contratado por ALC –nombre de la empresa concesionaria-, que percibe cantidades salariales notablemente inferiores de las que perciben, por la prestación de idénticos servicios, el personal propio de la Diputación”.

Así, se ha realizado una propuesta de liquidación de la diferencia resultante entre las bases de cotización de los técnicos de la Diputación de Cádiz y la de los empleados de la citada empresa externa que desempeñaba “las mismas tareas” que personal laboral de la institución provincial.

El representante en funciones de CSIF en la Diputación de Cádiz, José Miguel Ahumada, insiste en que "coger una administración pública y privatizarlo todo, que es al final lo que está ocurriendo, lo hace cualquiera", y que esta situación "no es nueva" porque "lo llevan haciendo todos los que han entrado en la Diputación, todos".

No obstante, recalca que "en estos últimos cuatro años se ha agudizado" esa tendencia citando la pretensión de la empresa de "crear un organismo autónomo para escapar de las fiscalizaciones de la administración local". "Hay un montón de servicios de Gestión Tributaria y Recaudación que están privatizados y que los lleva gente que no son empleados públicos, que están en una condición de semiesclavitud y que cobran apenas un 20% de lo que producen", afirma.

Ahumada explica que la empresa "sólo aporta una figura interpuesta" y que sus empleados "deberían ser trabajadores de la Diputación". "Es una explotación descarada, a mi entender", ha sentenciado, llamando a la reflexión de las personas que están o han estado al mando de la Diputación de Cádiz sobre "el modelo de gestión que se quiere implantar en un ente público".

 

 

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