El dueño de El Salvador podrá salir de prisión si paga la fianza de 800.000 euros
La Audiencia establece la fianza porque estima que el riesgo de fuga de Ignacio Morchón "se ha deluido"
Agencia Ical
Valladolid
El propietario del grupo funerario El Salvador podrá salir de prisión. La Audiencia ha fijado una fianza de 800.000 euros. Ignacio Morchón estaba en situación de "prisión provisional" desde el mes de febrero cuando fue arrestado por el presunto cambio de ataúdes justo antes de la incineración. En principio, son 6.000 casos los acreditados por el "cambiazo" por otros de menor coste.
Los magistrados fijan fianza aunque reconocen que el riesgo de fuga no ha desaparecido. Aunque admiten este riesgo, estiman que "sí se ha diluido". Además constatan el arraigo social y familiar del dueño del grupo funerario.
La Audiencia Provincial de Valladolid también valora la circunstancia de que no existe posibilidad de que "altere o destruya" pruebas del proceso, puesto que la Policía se ha incautado de la documentación a requerimiento judicial.
Los delitos que se investigan son estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Delitos presuntamente comentidos durante 20 años en las instalaciones funerarias, tanto en el tanatorio como en nlas oficinas.
Tanto su hijo como la hija se encuentran en libertad tras haber pagado en su momento sendas fianzas de 800.000 y 200.000 euros.
El abogado de Ignacio Morchón propuso 150.000 euros, pero la Audiencia fija la cantidad en 800.000 euros. Recordamos que durante el registro de su vivienda se descubrió casi 1 millón de euros en metálico.
Los magistrados de la Audiencia consideran que de la documentación intervenida, de los informes policiales y de la declaración de algunos testigos se desprende que existen "indicios mínimos bastantes" de la participación del empresario en los hechos investigados.
Tampoco existe "un peligro fundado y concreto" de que el dueño de la empresa funeraria pueda "influir" obre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo ni de que pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas o cometer "otros hechos delictivos".
