Condenan al Ayuntamiento por derribar una chabola en la Cañada Real

Madrid

El 13 de febrero de 2018 la policía nacional entró en la parte más deprimida de la Cañada Real, la zona sin asfaltar del sector 6, para llevar a cabo una operación relacionada con presuntos robos. Llevaban autorización judicial para registrar las casas, pero no había ninguna para derribarlas.

"Empezaron a hacer el registro y dijeron que iban a derribar la casa. No saqué ni la ropa, ni las medicinas, ni fotos. No saqué nada. Nos dejaron con lo puesto". La que habla es Mercedes, sus hijos tenían entonces uno, cuatro y seis años. "Salieron mis niños de la ruta del colegio. Y mi niño vio lo que pasó y empezó a llorar porque nos habían dejado sin nada y estábamos en la calle".

En total, siete viviendas fueron derribadas y ocho menores se quedaron en la calle. Pero ha sido muy difícil recopilar papeles para la denuncia. "Es muy difícil recuperar pruebas. Tuvimos que hacer una yincana en diez días para coger pruebas. Los documentos que pedíamos a Miguel o a Mercedes estaban bajo las piedras. Era imposible tener casi documentos", explica Edurne de la Hera, abogada del Departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano.

Solo ha sido posible llevar a los tribunales el caso de esta familia, lo ha hecho la Fundación Secretariado Gitano, que ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en sentencia firme diga que se vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Por ese motivo, condena al Ayuntamiento de Madrid a pagar una indemnización a la familia de 13.000 euros por daños morales. La asociación y los abogados esperan además que siente un precedente para que no vuelva a pasar. "Para que la sociedad conozca cuál es la problemática de la Cañada Real y la vulneración clara de derechos fundamentales de una manera flagrante. Estamos hablando de un espacio de impunidad real que hay en la Cañada Real. Seguir luchando porque esto no vuelva a ocurrir es fundamental para que la administración no tenga la sensación de que los derechos de estas personas son menos que los que tenemos la mayor parte de nosotros", concluye Rafael Cid, el abogado de la organización Gentium que ha llevado el caso.

Mercedes está contenta con la sentencia y ya piensa en invertir el dinero en un negocio para poder pagar el alquiler de la casa que vaya a tener su familia una vez que se lleven a cabo los realojos de esta zona de la Cañada Real.  

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