El dueño del grupo funerario El Salvador sale de la cárcel al garantizar la fianza de 800.000 euros
Ignacio Morchón ya se encuentra en libertad, aunque el riesgo de fuga no ha desparecido por el caso del "cambiazo" de 6.000 ataúdes
Agencia Ical
Valladolid
Todos los miembros de la familia que gestiona el grupo funerario de El Salvador están ya en libertad tras permanecer en prisión desde el pasado mes de febrero por el cambiazo de 6.000 ataúdes por otros de menor coste justo antes de la incineración. La primera persona que recuperó la libertad fue la hija de Ignacio Morchón, tras depositar 200.000 euros; a continuación fue el hijo, a quien la Audiencia no rebajó la fianza, fijada en 800.000 euros, y hoy ha sido el cabeza de familia quien ha abandonado la cárcel tras garantizar una fianza por la misma cuantía, 800.000 euros.
El propietario ha avalado la fianza fijada por la Audiencia Provincial de Valladolid hace diez días. Los magistrados admitieron el 28 de mayo que el riesgo de fuga no había desaparecido, aunque precisaron que "sí se ha diluido". Además constatan el arraigo social y familiar del dueño del grupo funerario.
La Audiencia Provincial de Valladolid también valora la circunstancia de que no existe posibilidad de que "altere o destruya" pruebas del proceso, puesto que la Policía se ha incautado de la documentación a requerimiento judicial.
Los delitos que se investigan son estafa, falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Delitos presuntamente cometidos durante 20 años en las instalaciones funerarias, tanto en el tanatorio como en las oficinas de la calle Angustias.
Durante el registro de su vivienda se descubrió casi 1 millón de euros en metálico.
Los magistrados de la Audiencia consideran que de la documentación intervenida, de los informes policiales y de la declaración de algunos testigos se desprende que existen "indicios mínimos bastantes" de la participación del empresario en los hechos investigados.
Tampoco existe " de que el dueño de la empresa funeraria pueda "influir" sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo ni de que pueda actuar contra bienes jurídicos de las víctimas o cometer "otros hechos delictivos".
