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Miércoles, 23 de Octubre de 2019

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Minuto y resultado de la situación judicial de Francisco Camps

El expresident de la Generalitat figura como procesado en la causa que investiga contratos con Orange Market; y como investigado en la causa por la visita del Papa y por la construcción del circuito de Fórmula 1

Francisco Camps, expresident de la Generaltat Valenciana en una foto de archivo /

Esta semana pasada Francisco Camps, a la salida de una de sus visitas a la Ciudad de la Justicia aseguraba sentirse ya moralmente absuelto de todas las causas en las que figura. Otra cosa es judicialmente.

En lo judicial aún le queda un rato para quedar, o no, definitivamente absuelto.

Los contratos con Orange Market (Gurtel)

El expresident ha sido procesado recientemente por el juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, en la causa que investiga los contratos firmados por la Generalitat con Orange Market (filial valenciana de Gurtel), para la celebración de FITUR 2009.

Es una de las piezas de la macrocausa Gürtel. El magistrado considera que existe "un arsenal de indicios muy consistentes” de que él dió la orden para contratar a la empresa Orange Market para los grandes eventos para la feria de turismo Fitur 2009, como venía haciendo desde 2005. Y que lo hizo ante la "paciencia y resignación" de Orange Market por los múltiples impagos que el PP de la Comunitat Valenciana mantenía con esa empresa dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes. Según el juez hay evidencias de los contactos y compromisos adquiridos entre ambos y acusa a Camps de prevaricación y fraude.

Francisco Camps, por su parte, lo niega todo. Parte de la premisa de que esta es otra causa política. Que el juez José de la Mata fue director general cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del gobierno y que "hay que ser muy partidario de la causa de la izquierda para ser director general con Zapatero".

Según Camps el auto del juez se basa en fabulaciones y carece de cualquier prueba que demuestre que él dió la orden. Más aún, hay declaraciones, subraya Camps que niegan tal extremo.

La visita del Papa

Francisco Camps figura como investigado en la pieza que investiga los contratos para la visita del Papa a Valencia en 2006. Contratos realizados por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. Son ocho los investigados: Camps, el exvicepresidente Víctor Campos, el exconseller Juan Cotino, y el obispo auxilar de Valencia Monseñor Esteban Escudero, entre otros trabajadores de la fundación y del arzobispado.

Este caso pivota sobre la naturaleza jurídica de la fundación que organizó aquello. El caso se deriva también de Gürtel y está relacionado con otros, como el que investiga la gestión de la empresa pública VAERSA. Según los investigados estamos ante una fundación de naturaleza privada y por tanto pudo haber una gestión discutible pero no los delitos de malversación, prevaricación y fraude en los contratos.

Las acusaciones, sin embargo, mantienen que no cabe duda de la naturaleza pública de la fundación porque se puso en marcha con dinero público: aportaciones de 10.000 euros de Arzobispado, Generalitat, Diputación y Ayuntamiento de Valencia. Se nutrió de dinero público y fue liquidada por la Generalitat que asumió su deuda también con dinero público.

Francisco Camps, como ya hiciera Juan Cotino, aportó un informe para apuntalar la tesis de la naturaleza privada de la fundación. En su caso explicó que su declaración de actividades de 2011, año en que dejó de ser president de la Generalitat, queda claro que la fundación era privada y que, por tanto, tampoco hay caso.

El circuito de Fórmula 1

Esta causa que se instruye un juzgado de Valencia tiene que ver con la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia. Aquel que según Camps no iba a costar ni un euro a los valencianos pero acabó costando casi 90 millones de euros. En mayo pasado la titular del juzgado de instrucción número 17 de Valencia decidía procesar a Camps, al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat y empresarios.

La magistrada sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de un evento de interés mundial "con la única intención de proyectar su imagen". Que lo hizo, además, "utilizando fondos públicos" y dando trato de favor a determinadas empresas que resultaron beneficiarias de contratos públicos a cambio de donaciones.

Sin embargo, la fiscalía anticorrupción se descolgó de la causa y decidió no seguir adelante protagonizando un agrio enfrentamiento con la magistrada. La misma fiscalía que había instado la investigación decidió, en un duro escrito, que no acusaba y además criticó duramente la instrucción y a la jueza. Decía la fiscalía que algunos de los delitos ya se han juzgado en otras piezas en la Audiencia Nacional, que la prevaricación administrativa habría prescrito y ponía en duda testimonios como el de Ricardo Costa sobre donaciones de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas.

La jueza respondió criticando a la fiscalía por su cambio de criterio que tachó de "sorprendente y poco serio". Según la magistrada, la fiscalía hizo dejación de funciones durante la instrucción y no solicitó periciales que a su vez le había solicitado que pidiera la Fiscalía General del Estado. Para la instructora hay indicios suficientes de malversación como para seguir adelante con la causa.

También la abogacía de la Generalitat se sumó al criterio de la magistrada. En el último momento, y tras pedir algunos informes más que la sala negó, decidió acusar al expresident. La Abogacía pedía un informe complementario sobre aspectos no contemplados en el informe de la intervención como señala que conoció el informe del interventor de la Generalitat, en el que reconoce que “no se dispone del criterio técnico suficiente” para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados.

Aunque la jueza se negó la abogacía presentó recurso y decidió seguir adelante con la acusación particular porque considera que hay indicios suficientes para ello.

En este caso Francisco Camps pasó del alivio de conocer que la fiscalía había decidido pedir al archivo a la indignación más absoluta al saber que la abogacía de la Generalitat decidió mantener la acusación. De hecho, arremetió Camps contra Ximo Puig y Mónica Oltra, y afirmó que están utilizando la abogacía en su cacería judicial contra él. Lo hizo cargado de ironía cuando les definió como "la pareja del frenesí" formada por el " "el hombre del flequillo cambiante" en referencia a Puig y por "la chica de las camisetas", en referencia a Oltra.

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