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Lunes, 14 de Octubre de 2019

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Rogelio Martínez pide 'justicia'

El juicio por supuesto fraude de fondos europeos quedó visto para sentencia y la acción popular pide 16 años para el exdelegado de la Xunta

El juicio por supuesto fraude de fondos europeos quedó visto para sentencia y la acción popular pide 16 años para el exdelegado de la Xunta /

El exdelegado de la Xunta de Galicia en Ourense Rogelio Martínez, acusado de delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones de la Unión Europea, hizo uso de su derecho a la última palabra para "pedir justicia".

"Quiero que se tengan en cuenta los hechos investigados y las responsabilidades de cada uno de los actores que, por cierto, no considero constitutivos de delito penal alguno y no el falso relato mantenido tanto tiempo por esa pseudoasociación que siempre tuvo como única finalidad cercenar la vida política de este imputado", ha manifestado.

Ayer lunes todas las partes expusieron sus conclusiones definitivas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, después de que el pasado jueves las defensas solicitasen un aplazamiento tras apreciar modificaciones sustanciales en el relato de los hechos presentados por la acusación popular.

En un primer momento, Rogelio Martínez tenía pensado no hacer uso de su derecho a última palabra. No obstante, fue después de escuchar "numerosas barbaridades por parte del acusador" y ser consciente de que puede ser condenado "a más años de prisión que quienes presuntamente dan un golpe de Estado o quienes matan a sus semejantes", que decidió cambiar de opinión.

"Los que estamos en el banquillo lo único que hemos hecho ha sido dedicar nuestro tiempo y parte de nuestro patrimonio personal en crear actividad económica en nuestro entorno con el fin de mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos y nuestros vecinos", declaró.

La acusación popular que ejerce la Asociación para o progreso de O Ribeiro, vinculada al PSOE, le acusa a él y a Juan Emilio Aparicio, Pablo Fernández y Gumersindo Álvarez Rodríguez, de fraude en las ayudas del Plan Leader II recibidas a finales de 1999 por Actuar S.L. para la construcción de una planta de tratamiento de biomasa y para la puesta en marcha de talleres de artesanía.

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