La Junta pone freno a la ocupación ilegal del monte público en el paraje 'Dunas de Isla Cristina'

Huelva

Los vecinos han denunciado en repetidas ocasiones estos hechos. Medio Ambiente da ahora 15 días para proceder al desalojo y la restitución de los terrenos a su estado original.

La Junta de Andalucía ha puesto coto a la ocupación ilegal del monte público en el paraje ‘Dunas de Isla Cristina’. Lo ha hecho tras abrir distintos expedientes sancionadores y constatar la presencia de cuadras y cuartos de apero que han generado una situación de insalubridad, contaminación, desaparición del pinar y riesgo de incendios.

La delegación territorial de Desarrollo Sostenible ha resuelto recuperar de oficio los terrenos que son de titularidad autonómica y que han sido ocupados por cuartos de aperos y cuadras, generando una situación de insalubridad que ha sido denunciada reiteradamente por los vecinos. La superficie total a recuperar es de 110 hectáreas y se denomina 'Dunas de Isla Cristina'. Es un espacio cercano al casco urbano y la ría del Carreras, y próximo igualmente a una gasolinera. 

 La Junta comunicó en abril de 2018 al Ayuntamiento de Isla Cristina que se iba a proceder a iniciar el procedimiento para la recuperación de oficio del citado bien demanial, en relación con las ocupaciones ilegales existentes en el monte de dominio público, solicitando su colaboración. En septiembre, el Servicio de Gestión del Medio Natural constató en un informe la presencia de ocupaciones ilegales en determinadas zonas, totalmente incompatibles con las funciones del monte y que están ocasionando importantes afecciones al mismo, siendo las más significativas la desaparición paulatina de los pinos existentes, la desaparición de los estratos herbáceos y de matorral, la contaminación orgánica producida por los numerosos animales domésticos, contaminación por residuos, estando algunos de ellos clasificados como peligrosos, pérdida del atractivo paisajístico, riesgo de incendios…

Por otro lado, según la Junta, estas ocupaciones provocan numerosas molestias a los vecinos, considerándose como un foco de insalubridad. Son, además, ocupaciones de monte público para las cuales no se ha solicitado autorización y que de ningún modo se hubieran otorgado, al tratarse de ocupaciones de interés particular incompatibles con las funciones del monte y por tanto ilegales y en absoluto legalizables.

Medio Ambienta ha dispuesto un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución para el desalojo y restitución de los terrenos a su estado original, dejándolos a disposición de la administración, con indicación de que si así no lo hiciera, se procederá a la ejecución subsidiaria con cargo al ocupante.