El PP permitirá reabrir el debate sobre la reforma de la RGI un año después

Bilbao

El PNV y el PSE han reactivado en el Parlamento Vasco su proposición de ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión, que permanecía en el cajón desde hace un año por falta de consensos con la oposición y el jueves volverán a llevar esta propuesta al pleno de la Cámara de Vitoria.

Así, el jueves el Parlamento debatirá la toma en consideración de esta proposición de ley que previsiblemente saldrá adelante. PNV y PSE, en minoría en la Cámara, votarán a favor, mientras que el PP con su voto "facilitará" que prosiga su andadura parlamentaria con el trámite de enmiendas.

Fuentes del PP han explicado a Efe que, aunque no comparten gran parte del contenido de la propuesta, presentarán varias enmiendas para mejorar el texto normativo con el fin de reformar en profundidad el sistema de garantía de ingresos.

Elkarrekin Podemos votará en contra de su tramitación, han confirmado fuentes de la coalición morada, mientras que EH Bildu no se pronunciará sobre el sentido del voto hasta el mismo jueves.

El 28 de junio de 2018 PNV y PSE decidieron aplazar el debate de esta proposición con la voluntad de ampliar consensos, ya que entonces no contaba con los votos necesarios para comenzará su tramitación. Retiraron así su debate del orden del día del pleno.

En su proposición, PNV y PSE plantean crear una Renta Garantizada para Pensionistas (RGP) que aseguraría unos recursos mínimos a quienes cobran las pensiones más bajas, que tendría una cuantía máxima de 784,88 euros para un solo miembro en una unidad convivencial.

También, como novedad, plantea la concesión de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por unidad de convivencia, que estaría constituida por todas las personas que residan en una misma vivienda, "con independencia de las formas de relación jurídica, afectiva o familiar existentes entre ellas, y de la situación que haya ocasionado la convivencia".

Para la determinación de las cuantías de ambas prestaciones, los grupos del Gobierno Vasco plantean establecer un Indicador de Gastos Mínimos Comunes que recogerá el "valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente, en solitario, a las necesidades básicas asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento".

La proposición prevé que el Gobierno Vasco, al menos con carácter cuatrienal, elabore un informe para la actualización de este valor que se fijará anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca y de manera inicial se establece en 455 euros.

Tanto la renta de los pensionistas como la de garantía de ingresos se mantendrían como prestaciones sujetas a derecho subjetivo, es decir, a las que tendrán obligación de hacer frente las administraciones si se cumplen los requisitos de los solicitantes.

Según la proposición, la cuantía máxima de la RGI para un solo miembro de una unidad convivencial sería de 659,75 euros, cantidad que se iría incrementando en función de las personas a cargo del titular de la prestación, como menores, otros adultos, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, entre otros.

Para poder acceder a ambas prestaciones, la de los pensionistas y la de garantía de ingresos, se deberán cumplir unos requisitos como tener al menos 23 años, estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo, y demostrar una actividad laboral remunerada durante al menos cinco años.

Además de estas prestaciones de derecho subjetivo, que se concederán con carácter bianual renovable, la proposición recoge las Ayudas de Emergencia Social (AES) dirigidas a hacer frente a gastos específicos como los de alquiler, de energía o de compra de mobiliario y electrodomésticos.

En cuanto a las cantidades indebidamente cobradas por prestaciones, como norma general, la obligación de reintegrar las cantidades prescribiría al año desde el día siguiente a su cobro, siempre que no haya habido voluntad de fraude.

En una disposición adicional se prevé que Lanbide "utilizará sistemas biométricos (como la huella digital) para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y los beneficiarios de sus prestaciones, atendiendo a las especificaciones derivadas de la legislación de protección de datos".