Una madre y sus dos hijos menores, desalojados en Leganés a pesar de la ONU
Naciones Unidas pedía que se aplazara por tercera vez pero Sara y sus hijos de 1 y 9 años han sido expulsados de la vivienda pública que ocupaban
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/K2PPZB6ZOJM2NN7LZ3CTTNUGGY.jpg)
La fuerte presencia policial ha hecho que el desalojo se consumase en el piso que ocupaba Sara / PAH Leganés
Leganés
Tras dos intentos el año pasado, uno paralizado por la presión popular y otro por la resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, finalmente el tercer lanzamiento se ha hecho efectivo y la policía ha desalojado a Sara y sus dos hijos, de 1 y 9 años, de la vivienda que ocupaban en la calle Bélgica de Leganés.
Se trata de un caso de ocupación ilegal pero que no es tan sencillo como pueda parecer: Sara alquiló hace tres años una habitación en el piso sin saber que su arrendador no cumplía con las cuotas del antiguo IVIMA. Después intentó, sin éxito, negociar su propio contrato social. Ahora ha encontrado trabajo, pero con 900 euros al mes no encuentra alternativas en el mercado. La ONU ha vuelto a solicitar la paralización del desalojo pero no ha sido aceptada por el juzgado.
El desalojo se ha materializado entre fuertes medidas de seguridad, con en torno a una decena de vehículos de intervención policial para hacer frente a posibles disturbios. Sara ha abandonado la vivienda con los niños en casas de conocidos. No sabe qué hacer y el Ayuntamiento de momento tampoco da respuesta, aunque gestiona su caso.
Sara, desalojada del piso que ocupaba en Leganés, asegura que no tiene alternativa habitacional
00:16
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1561460124_727309/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid derivan la responsabilidad en el juzgado, a pesar de que ellos iniciaron el procedimiento para, según un portavoz, “recuperar un bien ocupado de manera ilegal y ponerlo a disposición de todos los madrileños”. La Consejería insiste en que es el juzgado el que, tras una procedimiento penal y una sentencia por usurpación, ha decretado el desalojo.
Ya en noviembre la Agencia de Vivienda Social aceptó la moratoria pedida por la afectada para que los niños acabasen el curso, y ahora que han terminado las clases se ha llevado a efecto la orden del juzgado. Desde el gobierno regional recuerdan que la Agencia tiene una lista de peticiones que se atienden “por orden de prioridad y necesidad”, por lo que el caso de Sara debe estar incluido en los procedimientos pertinentes y gestionado por los técnicos.
