Se cumplen 13 años del accidente de metro
Las víctimas y familiares del siniestro ocurrido el 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, siguen esperando que se fije fecha para el juicio
Entrevista a Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del metro 3 de julio
10:49
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Valencia
Los familiares del accidente de metro de la línea 1 de Valencia llevan ya trece años esperando que se haga justicia. Este martes, a las 13:03 horas, familiares de las víctimas y heridos en el siniestro, han rememorado en la SER un accidente que truncó y cambió muchas vidas.
En Hoy por Hoy Locos por Valencia, un año más queremos estar al lado de quienes sufrieron el accidente y siguen esperando que se haga justicia, hablando con Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio.
En este décimo tercer aniversario no han realizado ningún acto desde la Asociación, pero siguen esperando que se cree la Agencia de Seguridad Ferroviaria, una de las demandas de la Asociación y promesa del Consell, que todavía no ha visto la luz, y sobre todo la esperada celebración de juicio.
El monumento que recuerda a las víctimas del accidente de metro de Valencia / Asociación Víctimas 3J
Ocho exdirectivos a juicio
El pasado mes de febrero de 2019, la titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, decidió abrir juicio oral por el accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, en el que fallecieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.
Previamente, la jueza había rechazado el sobreseimiento del caso pedido por ocho exdirectivos e iniciar el plazo para la apertura de juicio oral, dando por concluida la investigación. Además de la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat, Marisa Gracia, entre los investigados se encuentran los exdirectivos de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos serían constitutivos de 43 delitos de homicidio, por imprudencia grave profesional; 37 delitos de lesiones, por imprudencia grave profesional; y un delito contra los derechos de los trabajadores, en su modalidad de seguridad e higiene en el trabajo.
Por ello solicita la pena de tres años y siete meses de prisión para los ocho procesados, acompañados de la inhabilitación especial durante cinco años y medio para el ejercicio de cargo directivo en empresa pública o privada en el caso de la exgerente, y para el ejercicio de profesión relacionada con el transporte de viajeros en los otros siete procesados.
