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Tribunales
Casos judiciales

Juicio para octubre

10 años después del inicio de las diligencias, el Juzgado de lo Penal de Zamora fija el 7 de octubre la vista oral del caso de defraudación a Hacienda de Caslesa Telecomunicaciones

Sede Juzgados de Zamora / CADENA SER

Sede Juzgados de Zamora

Zamora

Unos de esos casos judiciales demasiado largos en su diligencia. 10 años hace que se inició la instrucción del caso de defraudación a Hacienda instruido contra los responsables de la empresa Caslesa Telecomunicaciones (Castel), Adolfo Madrid y su esposa Rosario Fernández, junto a varios pequeños empresarios... Y, al fin, ya tiene fecha para la celebración de la vista oral en el juzgado de lo Penal de Zamora: el 7 de octubre.

Aunque incluso en eso (más de un año después de concluir la instrucción de la causa), ha sido necesario fijar varias fechas sucesivamente anuladas por problemas de asistencia de los abogados de alguno de los acusados: primero fue noviembre, luego diciembre, después febrero y definitivamente, de momento, octubre.

Recordamos que estamos ante un caso que comenzó a instruirse hace 10 años, en 2009, a partir de una actuación de la Agencia Tributaria ante operaciones ficticias para minorar las cuotas del impuesto de sociedades que debían haber pagado los acusados en los años 2003 y 2004. La fiscalía pide 2 años y medio de prisión para Adolfo Madrid y su esposa, como máximos responsables de Caslesa Telecomunicaciones, por un delito contra la Hacienda pública, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Igualmente reclama una multa del doble de los casi 900.000 euros defraudados en el impuesto de sociedades de los años 2003 y 2004, entre otras penas adicionales. La fiscalía también solicita una condena de 3 años de prisión para 6 de los pequeños empresarios que contribuyeron a la defraudación durante aquellos 2 años, por un delito continuado de falsedad documental. Así como año y medio de prisión por el mismo delito para otros 2 empresarios que sólo participaron en la defraudación del año 2003.

La Fiscalía añade la reclamación de la indemnización a Hacienda de las cuantías defraudadas, más intereses. Por otra parte, en el transcurso de esta dilatada instrucción la fiscalía también acuerda exculpar y sobreseer la causa contra uno de los pequeños empresarios inicialmente imputados.

 

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