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Domingo, 25 de Agosto de 2019

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Sobre la renta básica

Román Rodríguez anunció ayer en esta emisora que la renta básica ciudadana -planteada como derecho en el nuevo Estatuto de Autonomía, y convertida por los partidos del pacto de las flores en medida estrella- estará lista “en año y medio”. Es un pronóstico más optimista que el realizado por el economista de cámara del PSOE, Antonio Olivera, que cifró el coste de la medida en unos 240 millones de euros, y consideró que no entrará en vigor hasta el final de la legislatura.

La renta básica no es –ni puede ser- esa panacea que se vendió alegremente durante la campaña electoral: resulta una medida imprescindible en una región donde las desigualdades de renta son extraordinarias, y donde la brecha social se ha agravado de forma alarmante durante la crisis, haciendo que los ricos sean ahora más y más ricos que antes, y los pobres muchos más y muchísimo más pobres. La nuestra es una región en la que los cuatro principales instrumentos de política social destinados a combatir la pobreza extrema -la Prestación Canaria de Inserción, el subsidio de desempleo, las ayudas a la dependencia y las pensiones no contributivas- no llegan a todo el que las necesita, ni logran cubrir las necesidades mínimas. La renta social ampliaría la cobertura asistencial a personas en desahucio vital, que no tienen derecho a ninguna de esas ayudas, y completaría los ingresos de quienes sí las reciben hasta los 600 euros. Se trata de una cuestión de estricta justicia social, pero que también comporta ciertos peligros, como el riesgo de limitarse a cubrir el listado de los ya censados por los trabajadores sociales, dejando fuera del sistema a quienes hoy no están incluidos: pobres lumperizados, marginados sociales y ancianos empobrecidos y abandonados a su suerte.

Hay que avanzar en políticas de redistribución de renta, pero sin olvidar que el principal factor para que una sociedad prospere es que la economía funcione y con ella mejoren los salarios. La riqueza se distribuye aumentando lo que se recauda por impuestos y mejorando la economía para que aumenten los salarios. No se puede repartir lo que no hay.

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