La OPE educativa debe cambiar
Los sindicatos docentes destacan que el 82,4% de suspensos evidencian el desajuste de la prueba
Pamplona
El 82,4% de suspensos en la OPE de maestros en Navarra es un indicio de que algo no se hace bien. Así lo creen los principales sindicatos del sector, alarmados por el alto índice de suspensos en unas pruebas eliminatorias en las que se busca cubrir 643 vacantes de profesor.
El año pasado ocurrió algo similar, recuerdan las centrales sindicales. Y creen que aunque la normativa que regula las oposiciones docentes es estatal, el departamento de educación podría haber actuado para mejorar el sistema. Por ejemplo, señala Nora Salvoch, coordinadora de educación del sindicato LAB, el más representativo del sector, nombrando mucho antes al tribunal coordinador de la oposición, cosa que no ocurrió y que retrasó todo el proceso, incluyendo la designación de los integrantes de los tribunales evaluadores y la sede y las fechas en que se realizaron las pruebas.
Algo que piden todos los sindicatos es tener unos criterios de evaluación más claros. Incluso la necesidad de disponer de "temarios oficiales" que ajusten la preparación de los aspirantes a las pruebas selectivas. "El desajuste es enorme", indica Pilar García, responsable de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. "No tenemos ninguna crítica hacia los tribunales, que hacen su trabajo, pero sí al departamento por no haber introducido medidas para acercar los criterios calificadores y evaluadores a los aspirantes. "La gente está preparada, pero parece evidente que los contenidos demandados en las pruebas hana sido muy distintos al conocimiento y experiencia acreditada que presentaban los aspirantes", añade Pilar García.
"Las plazas que puedan seguir vacantes serán un nuevo fracaso de todo el sistema", añade Nora Salvoch, "y aunque salgan en una posterior OPE, obligarán a cientos de aspirantes a volver a estar un año preparando el examen".
Algunos sindicatos como Comisiones Obreras creen además que la OPE no debería ser eliminatoria. De esta manera se permitiría a los aspirantes defender su programa pedagógico ante el tribunal, compensando así la prueba escrita con su capacidad didáctica y las dotes para la transmisión de contenidos que se esencial en la función docente en las aulas.