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Lunes, 16 de Septiembre de 2019

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El PSOE pide a la Junta que las resoluciones de la Dependencia se adopten con un plazo máximo de diez días

Los socialistas consideran inadmisible que algunas comunicaciones estén llegando a sus destinatarios 150 días después de la firma de la resolución

Los procuradores socialistas: Consolación Pablos y Jesús Guerrero /

Los procuradores socialistas por Palencia, Rubén Illera, Jesús Guerrero y Consolación Pablos, han pedido en las Cortes que se inste a la Junta de Castilla y León a que se proceda de forma obligatoria a notificar las resoluciones adoptadas en materia de Dependencia dentro de los diez días posteriores a la fecha en que el acto haya sido celebrado.

Recientemente se ha conocido por parte del PSOE la existencia de resoluciones del gerente territorial de Servicios Sociales de Palencia por las que se comunica a los usuarios y usuarias la actualización de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar que puede llegar a quebrantar la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el consecuente trastorno realizado a las personas con dependencia y sus familiares.

Los socialistas consideran inadmisible la existencia de comunicaciones de resoluciones firmadas en el mes de Febrero por este órgano administrativo lleguen a sus destinarios y destinatarias a mediados del mes de Julio, en torno a 150 días después de la firma de dicha resolución y su correspondiente registro. Este hecho provoca gran menoscabo en la calidad de la persona dependiente y resulta del todo entendible su enfado.

Según recuerdan desde el PSOE, la atención a las personas dependientes es una cuestión ineludible de la administración autonómica de Castilla y León, requiriendo una respuesta estable, continuada y adaptada al modelo social presente. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia regula las condiciones básicas mediante la creación de un sistema que garantice al usuario unas condiciones básicas de protección, configurando un derecho subjetivo fundamentado en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad.

En este sentido, el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario, promoción y atención de la infancia, de la juventud y de los mayores, prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad o la exclusión social.

Es por tanto, concluyen los parlamentarios socialistas, una cuestión ineludible para la institución regional dar respuesta inmediata a estas resoluciones para evitar los trastornos que estos graves retrasos provocan tanto en los usuarios como en sus familiares.

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