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Lunes, 23 de Septiembre de 2019

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El pleno de Lorca urge al Gobierno central a aprobar un decreto ley que bonifique el IBI

Aprobada la expropiación de terrenos para la circunvalación de Lorca

El pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado este lunes por unanimidad una moción del PP que urge al Gobierno central en funciones a aprobar un decreto ley que garantice la bonificación del 50 por ciento en el impuesto de bienes inmuebles a los afectados por los terremotos de 2011.

La iniciativa se suma a la proposición no de ley que el PP ya presentó en el Congreso de los Diputados en el mismo sentido y que supondría un ahorro para unos 44.000 contribuyentes lorquinos de unos 7,2 millones de euros.

El portavoz del PP, Fulgencio Gil, ha explicado que la dinámica parlamentaria permitiría aprobar ese decreto ley en la Diputación Permanente del Congreso "mañana mismo", pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez esté en funciones.

También ha recordado que si en octubre no está aprobada la bonificación -que quedó en suspenso cuando fracasaron los presupuestos generales del Estado de 2019 en el trámite parlamentario-, los lorquinos se verán abocados a pagar un segundo recibo del IBI con la mitad del importe pendiente.

La moción también reclama tres millones del convenio para inversiones y la condonación del 50 por ciento de los intereses que el Gobierno de España sigue exigiendo a los perceptores de ayudas públicas para reparar sus viviendas.

También el pleno ha aprobado la expropiación de terrenos para construir el primer tramo de la ronda central de circunvalación con la modificación del proyecto técnico.

Las obras fueron paralizadas en el verano de 2017, un mes después de su inicio, por un cambio del trazado que afectará al paso del tren de alta velocidad, ya que el consistorio consideró conveniente sustituir el puente previsto sobre el río Guadalentín por un paso subterráneo bajo el cauce.

Se eliminaba así la barrera física del viaducto para un conjunto de viviendas, ya que de lo contrario tendrían que construirse muros de 15 metros de altura junto a ellas.

El alcalde, el socialista Diego José Mateos, ha reconocido que el proyecto, del anterior equipo de Gobierno, del PP, no le gusta, pero ha accedido a su aprobación para impedir que se pierda la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que utilizará el Gobierno murciano para pagar la obra.

El plazo de ejecución de los trabajos es de más de un año y la prórroga del BEI termina en diciembre de 2020, ha recordado a antes de señalar que el pleno ha aprobado la expropiación "por no poner en peligro ese tramo", que discurrirá entre Apolonia y San Diego.

Pese a ello, se ha ratificado en que "era mejor el puente que el paso subterráneo para no afectar al proyecto del soterramiento" del tren de alta velocidad a su paso bajo el casco urbano.

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