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Domingo, 22 de Septiembre de 2019

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La Junta trabajará para reducir hasta los tres meses el plazo para acceder a las prestaciones de dependencia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reunió hoy con más de setenta entidades del tercer sector para "caminar de la mano" y establecer un "diálogo permanente"

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se reúne con las entidades del Tercer Sector de Castilla y León /

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, mantuvo hoy una reunión con representantes de más de setenta organizaciones del tercer sector de la Comunidad, a quienes calificó como “una parte fundamental del nivel que actualmente tienen los servicios sociales de Castilla y León”. Según adelantó, uno de los objetivos de la Consejería será reducir hasta los tres meses el “plazo máximo” para acceder a los servicios de dependencia. “Se trata de un reto ambicioso, porque en otras comunidades se está resolviendo en ocho meses y en dos fases diferentes, mientras que aquí intentaremos que en tres meses esté resuelto todo el proceso”, afirmó.

Blanco aseguró que “el tercer sector es una parte fundamental de los servicios sociales de Castilla y León” y señaló que por ello pretenden “establecer un diálogo permanente con ellos, para escuchar sus demandas, aunque estos meses de atrás muchas de las cosas que han ido planteando están ya incluidas en los objetivos de esta legislatura”.

Es por ello que, a partir de septiembre, iniciarán una ronda de reuniones con cada una de las organizaciones y asociaciones de manera individual. “Las prioridades de la Consejería para esta legislatura son más servicios para las personas. Tenemos que tener especialmente en cuenta a los mayores, tanto con los programas de envejecimiento activo, para evitar que esa gente llegue a la dependencia o que retrase lo máximo su entrada, como en la atención a las personas en soledad”, subrayó.

Según explicó, durante el presente mandato trabajarán para ofrecer “igualdad de oportunidades para todos, entre hombres y mujeres, habitantes del mundo rural y de las ciudades”, y también trabajarán por la inclusión, para lo cual considera “fundamental” la lucha contra la violencia de género, “una lacra contra la que tenemos que luchar todos”. “Necesitamos a todo el mundo, administraciones, tercer sector y sociedad, hay que hacerlo de una manera transversal, desde la educación, y nos vamos a implicar muy seriamente en ello estos cuatro años”, auguró.

Actualmente Castilla y León cuenta con más de 3.000 entidades que conforman el tercer sector. Blanco explicó que pretende poner en marcha un nuevo modelo de servicios sociales, basado en la atención individualizada, que permita centrarse en las familias, la conciliación y la infancia.

Entre las novedades que afectarán al tercer sector, anunció tres grandes proyectos que en los próximos años se harán realidad. En primer lugar se refirió a la puesta en funcionamiento “en septiembre” de un órgano de participación y coordinación para mantener las relaciones entre el tercer sector y la administración.

También anunció que ya se está trabajando para configurar el proyecto de Ley del Tercer Sector en la Comunidad, una norma “muy demandada por el colectivo”, que será “una ley muy amplia que contemplará las relaciones entre la Administración y las organizaciones del tercer sector, que va a definir su papel, su financiación y su sostenimiento económico”.

Para ello, consideró que “es importante empezar por el decreto de concertación, que busca garantizar la sostenibilidad financiera y económica a las asociaciones y organizaciones del tercer sector”. “No esperaremos a que esté en marcha la Ley, sino que trabajaremos de forma paralela porque es básico y fundamental garantizar esa estabilidad financiera”, explicó antes de sentenciar que “los servicios para las personas no son servicios de mercado, son servicios para las personas, y la ley permite una regulación especial para la prestación de esta serie de servicios”. “Trabajaremos con ellos desde el diálogo y el consenso porque ellos son los verdaderos protagonistas”, detalló.

Centros de mayores

Cuestionada por el rechazo del Tribunal Supremo al recurso de casación presentado por la Junta por el decreto que regula los centros de mayores, señaló que estudiarán la sentencia para cumplir lo que dictamine y solucionar la situación. “La sentencia no cuestiona el fondo del modelo, sino una serie de defectos de forma. Creemos que el modelo de atención a las personas mayores en residencia es bueno, que se sientan como en su casa. Nos pondremos a trabajar para solucionar esos defectos de forma a la mayor brevedad posible, de acuerdo con las organizaciones y el tercer sector, ya que el decreto inicial era de consenso y estaba pactado con ellos”, afirmó antes de defenderse de las acusaciones de Satse de que caería la ratio de profesionales de enfermería: “No se resta personal sanitario, sino que se reorganiza”.

Sobre el anuncio del consejero de Empleo, Germán Barrios, de que se pedirá la inclusión de la red de atención a las familias vulnerables y la renta de ciudadanía en el Estatuto de Autonomía, señaló que ambas cuestiones han sido siempre para la Junta “una prioridad”. “Somos la primera comunidad que blindamos por ley la red de protección a las familias”, explicó además de comentar que la posible inclusión en el Estatuto de autonomía dependerá de los grupos parlamentarios.

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