PNV y PSE tumban declaraciones de emergencia climática en sus municipios

Bilbao

El PNV y el PSE han tumbado varias declaraciones institucionales llevadas a pleno en municipios donde gobiernan. Esto es algo llamativo cuando el pasado martes el Gobierno Vasco (PNV-PSE) leía una declaración institucional declarando la emergencia climática. Los grupos ecologistas se quejan de incoherencias.

En el caso de los ayuntamientos, la propuesta venía del grupo Alianza por la Emergencia Climática, un colectivo que agrupa a más de 100 asociaciones inscritas. Marisa Castro, miembro de este colectivo y de Ekologistak Martxan, sostiene que "se puede empezar desde los municipios y otras instituciones, pero son los municipios quienes deciden cómo se ordena el tráfico, si se añaden zonas de exclusión de circulación o se gestiona el transporte público".

La forma de canalizar esto ha sido a través de puntos en el orden del día o mociones en los plenos a través de Elkarrekin Podemos o EH Bildu. En Galdakao, gobernado por la coalición abertzale, la coalición morada y los independientes, la propuesta ha salido adelante, mientras que en municipios donde la propuesta la ha venido de estos grupos en la oposición, PNV y PSE la han tumbado. Es el caso de Getxo, Sopela o Berango.

El concejal getxotarra Joseba Arregi explicaba su negativa a esta declaración en el pasado pleno de julio: "Actualmente está en la mesa del Parlamento Vasco el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que pretende ser aprobada a principios de 2020. Esta norma define el marco de actuación de las administraciones públicas vascas, como del sector privado y de la ciudadanía para alcanzar las metas recogidas en el Plan Estrategia de 2050".

Mientras, la socialista María Teresa Fernández de Sopela sostiene que "tenemos que poner en valor el trabajo que se está realizando en Euskadi y con este tipo de declaraciones hay que tener en cuenta compromisos presupuestarios".

 Por ello, los grupos ecologistas hablan de una contradición permanente entre lo que rechazan PNV y PSE en sus municipios con lo que aprueban y apoyan en instituciones superiores, como el Gobierno Vasco.