Desde la CIG siguen luchando para impedir que se apruebe esa venta que podría ser nefasta para la comarca. El sindicato encargó a la Universidad de A Coruña un informe jurídico que elaboró el profesor de derecho administrativo Carlos Aymerich.

En el detallado informe hay dos puntos que pueden crear muchas dudas en cuanto a la legalidad de la criticada venta. La primera es que el profesor sentencia que es necesaria la aprobación de la Xunta para que se pueda proceder a esa venta, por lo que el gobierno gallego sí terá un poder decisivo en el asunto.

El segundo es la sospecha de que no se vaya a respetar la no segregación de actividades, algo que ya se viene protestando en estes últimos años. De ser así, la operación sería ilegal.