Archivada la expulsión de una hondureña que iba a ser deportada tras denunciar una agresión

Valencia

La Delegación del Gobierno ha paralizado el procedimiento de expulsión abierto a una mujer hondureña que, el pasado 3 de mayo, acudió a la comisaría de Xirivella (Valencia) para denunciar, junto a un amigo, las agresiones, insultos y amenazas llevados a cabo por el casero de este. 

El policía que los atendió les pidió la documentación, por lo que ella salió al coche para recoger la copia de su pasaporte y cuando volvió los agentes de extranjería la detuvieron y le incoaron un procedimiento de expulsión por "estancia irregular". Su amigo pudo acabar de presentar la denuncia, pero ella tuvo que ir días después al Juzgado de guardia para denunciar la agresión. 

La mujer acudió a la asociación Valencia Acoge para contar lo que le había ocurrido y entonces decidieron hacerlo público y presentar una queja ante el Defensor del Pueblo para que instara a las autoridades a paralizar la expulsión. 

Paco Simón, de Valencia Acoge, ha explicado a la SER que desde la asociación están "satisfechos" con la reacción popular, que se ha movilizado para apoyar a la mujer. No obstante, ha incidido en que la verdadera satisfacción "vendrá cuando a ninguna persona, independientemente de su situación administrativa, se le incoe un expediente de expulsión cuando acuda a recibir el amparo de las Fuerzas de Seguridad del Estado". 

Aunque esta expulsión se ha frenado, en el futuro puede volver a abrirse un procedimiento similar, que puede suponer "la detención inmediata e ingreso en un CIE o estar pendiente de resolución mientras estás en tu casa con miedo de salir por si te detienen", como le ocurría a esta mujer. Por eso, Simón ha reclamado que se trate de igual manera a todos los que vayan a denunciar, "independientemente de su situación administrativa". 

Simón ha explicado que la ley solo establece tres casos en los que, cuando una persona en situación administrativa irregular va a denunciar, no es posible iniciar (o si está abierto se paraliza) un expediente de expulsión. Esos supuestos se dan cuando el o la denunciante ha sufrido violencia de género, explotación laboral o trata de personas. Por ello, Valencia Acoge insta al Gobierno a cambiar la ley y "ampliarla" para que eso no solo ocurra en esos tres supuestos.