Economia y negocios

La ausencia de alquileres públicos asequibles dispara el riesgo de desahucios en Oviedo

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca declara la situación de "emergencia habitacional" en vista de los 9.000 ovetenses con dificultades para pagar los gastos de vivienda

La PAH dirige sus demandas de vivienda pública al gobierno del Principado, cuya legislación es la que rige en la materia. En la imagen, una protesta de la Plataforma ante la consejería competente, la de Derechos Sociales. / Radio Asturias

Oviedo

9.000 ovetenses pasan apuros cada mes para pagar los gastos relacionados con la vivienda: hipoteca, alquiler, luz o agua. El dato se corresponde, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Oviedo (PAH), con una situación de emergencia habitacional. Así se lo han expuestos este martes a la concejala de Políticas Sociales del ayuntamiento de la capital, Leticia González, en una primera toma de contacto en la que la PAH ha planteado como medida más perentoria la puesta a disposición de los ciudadanos de vivienda pública asequible.

Reclaman vivienda pública y de alquiler, en vista del goteo incesante de desahucios por impago de la renta que constata a diario. La competencia es del gobierno del Principado, dice la portavoz de la PAH en Oviedo, Pilar Lobo, que asegura que en los cuatro últimos años la oferta ha ido en descenso hasta el punto de quedar reducida a cero

El dato de 9.000 personas con problemas para pagar los gastos de la vivienda está extraído del último informe AROPE sobre riesgo de pobreza y exclusión, que eleva a 38.000 la cifra de ovetenses esa situación. Es decir, si existía la impresión de que la crisis ha dado una tregua, ésta es infundada. La Plataforma reconoce que se han reducido las ejecuciones hipotecarias –y eso porque está vigente una moratoria estatal hasta la primavera del año que viene- pero los desalojos pro impago del alquiler han ido a más.

Más allá de la reclamación de vivienda pública, en la reunión de esta mañana ha salido a la luz la necesidad de habilitar un servicio de intermediación  y de seguimiento para la detección precoz de los casos de impago y evitar desalojos como el vergonzante caso del matrimonio de septuagenariso que hace un año acabó durmiendo en un banco del Campo San Francisco tras ser desahuciados.

 
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