Cerca de 8.000 efectivos garantizarán la seguridad durante el G7 a este lado de la muga

San Sebastián

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha estado en la mañana del jueves dirigiendo el enorme operativo que se está montando con motivo de la cumbre del G-7 que se va a celebrar del 24 al 26 de agosto en Biarritz.

Su primera parada ha sido la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa donde ha presidido la presentación de este nuevo Centro de Control Cooperativo, además de dar los datos del despliegue policial para la cumbre: 1.878 agentes de la Guardia Civil y otros 930 de la Policía Nacional que se encargarán de labores extranjería, control de fronteras y acciones conjuntas con las Fuerzas de Seguridad francesas. Por su parte, la Ertzaintza, con más de 4.000 agentes, se encargará principalmente de cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana.

El ministro afirmaba que están preparados ante cualquier eventualidad, aunque todos los efectivos están alerta ante la posibilidad de que haya elementos violentos entre aquellos que se quieran manifestar durante la cumbre y la contracumbre del G-7, que en estos momentos se está llevando a cabo en Irun.

Tras su paso por San Sebastián, Grande-Marlaska ha visitado los pasos fronterizos con Francia de Irun, en el puente de Behovia, y el embarcadero de Hondarribia para coordinar el dispositivo de seguridad y dar apoyo a los cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Migración

El ministro Grande-Marlaska, en su intervención en El Centro de Control Cooperativo, también ha defendido la gestión que hace España de la crisis migratoria, ya que "ha reducido la entrada de inmigrantes en un 40 %", y ha considerado que afirmar lo contrario es fruto de la "ignorancia", la "temeridad" o "la mala fe". No obstante, no ha dado detalles de cuantos migrantes vendrán a costas españolas. Asimismo, ha recordado que hay un procedimiento judicial abierto, y habrá que esperar a lo que este determine, si necesita que los migrantes se queden en Italia para esclarecer alguna cuestión relativa a ese proceso, o los jueces deciden que pueden salir y entonces se repartirían entre los países que se ofrecieron a acogerlos. El ministro en funciones ha salido por cierto, al paso de las críticas sobre la gestión de esta crisis, cargando contra Italia.

Respecto a la situación del barco Open Arms ha indicado que "lo importante" es que las personas que fueron rescatadas "están en tierra, atendidas, cuidadas y con su derecho a la salud y su dignidad garantizados". Sin embargo, esta situación de incertidumbre afecta directamente al atunero "Aita Mari", que sigue a la espera de "una respuesta a la solicitud de despacho, siempre en el marco de la ley", según afirmaba el presidente de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, Íñigo Mijangos.