Batacazo a la Xunta: el Gobierno no puede transferir las entregas a cuenta

Santiago

La Abogacía del Estado da un importante revés a la Xunta de Galicia al ver ilegal el desbloqueo de los fondos a las autonomías. Mientras que el Gobierno central siga en funciones, hay una serie de funciones que no le están permitidas. Una de ellas, es la transferencia de las entregas a cuenta.

Así lo recoge un informe de trece páginas que el Abogado del Estado le ha hecho llegar al Ministerio de Hacienda, al que tuvo acceso el diario El País. De acuerdo con su argumentación, "la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política" tiene una limitación, y es que no puede "condicionar la actuación del nuevo Gobierno".

La reclamación de los 700 millones de euros que el Estado adeuda a Galicia ha sido uno de los caballos de batalla de la Xunta de Galicia y del PPdeG a lo largo de todo el verano. A los conservadores gallegos se fueron sumando otras comunidades con el paso de los días. La que ha llegado más lejos ha sido Cataluña. Desde la Generalitat dieron un paso más, abriendo la vía judicial, para reclamar, en su caso, 1.300 millones de euros.

Ante las negativas del Gobierno central a realizar esta transferencia, en Galicia, la Xunta y el PPdeG fueron elevando poco a poco el tono. Comenzaron aseverando que Pedro Sánchez ponía "excusas" para tener bloqueados unos presupuestos que sí que podían transferir; advirtieron de que no podrían pagar las nóminas de los funcionarios; más tarde hablaron de "estrategia de chantaje" para conseguir sacar adelante la investidura y, en último término, la pasada semana, no descartaron "otras vías" para conseguir los 700 millones de euros.

En sus visitas a Galicia, tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la de Industria, Reyes Maroto, respondieron al gobierno gallego, asegurando que no era posible transferir los fondos. También el secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero arremetió en repetidas ocasiones contra el gobierno autonómico por su "estrategia de confrontación".

La Abogacía del Estado explica que entre las orientaciones que tiene vedadas un Gobierno en funciones está la revisión de las entregas a cuenta "debido a su fuerte trascendencia cualitativa y cuantitativa".