La Xunta exige una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal

Santiago de Compostela

La Xunta de Galicia exige al Gobierno central una reunión "inmediata y urgente" del Consejo de Política Financiera y Fiscal para abordar la situación de la deuda del Estado con las comunidades autónomas. El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, lanzó el mensaje a Madrid en el mismo día en que se ha conocido el informe de la Abogacía del Estado que ve ilegal el desbloqueo de los fondos autonómicos. Un informe que, el responsable de Hacienda del Gobierno gallego, aseguró no conocer.

Valeriano Martínez habla de una "situación sin precedentes" y "muy grave" que podría tener consecuencias en la prestación de servicios públicos. "Nuestros centros de salud y hospital no están en funciones, nuestros centros esductaivos no esta´n en funciones y los centros sociales no están en funciones", afirmó Martínez.

De momento la Xunta sigue pagando los incrementos de las nóminas a los funcionarios. Pero Valeriano Martínez explica que, las cantidades que se adeudan suponen "una incidencia de recursos que se aproxima a las dos nóminas".

Martínez no quiso profundizar en esta línea y evitó responder de forma clara sobre en qué medida están en riesgo las nóminas de los funcionarios. Aseguró que lo importante es "lo que se puede hacer con esos 530 millones" y no tiene dudas de que la situación se arreglará. "No me pongo en ese escenario", respondió, cuando se le insistió por qué pasaría si el dinero no llegase.

El conselleiro de Facenda lamenta la falta de respuestas por parte del Gobierno central. Recuerda que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero sigue sin contestar a la carta que él mismo le remitió. También destacó que el Parlamento de Galicia, en una decisión prácticamente unánime, pidió al Gobierno central que transmitiese esos fondos.

El titular de Facenda aseguró que no conoce todavía el informe que la Abogacía del Estado le ha remitido al Ministerio de Hacienda. Pide al Gobierno central que remita toda la información para poder analizarla.

Una vez que dispongan de ella, los servicios jurídicos de la Xunta analizarán pormenorizadamente toda la documentación, antes de decicir cuáles serán los próximos pasos. El Ejecutivo gallego no descarta la vía judicial para conseguir unos fondos que están consignados y que son propiedad de los gallegos: "Estos impagos son fondos de la comunidad autonóma de Galicia, que están recuadados y que necesitamos ya".