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Lunes, 16 de Septiembre de 2019

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PSPV y Compromís aprueban la aplicación del requisito lingüístico

Partido Popular, Gent de Dénia y Ciudadanos votan en contra

Imagen de archivo de un pleno anterior de la corporación dianense. /

PSPV y Compromís aprobaban, en el pleno del jueves 29 de agosto del Ayuntamienot de Dénia, la aplicación, a partir de julio de 2020, del requisito lingüístico para el acceso a la función pública.

Los trabajadores municipales deberán acreditar un nivel de conocimiento del valenciano, en función de su puesto de trabajo. Este requisito no se exigirá a las plazas ya consolidadas, sino para acceder a nuevas plazas u optar a procedimientos de promoción interna.

PP, GD y Cs votaban en contra durante la sesión plenaria. Los tres grupos municipales defendieron que el valenciano debe ser un mérito y no un requisito. En este sentido incidían Mario Vidal y Susana Mut, portavoces de los grupos municipales independiente y naranja, respectivamente.

El grupo municipal del PP iba más allá y aseguraba que esta modificación es contraria a derecho por diferentes motivos.

Entre los esgrimidos, la portavoz popular, María Mut indicaba que "vulnera el principio de legalidad y jerarquía normativa (...), así como la doctrina constitucional sobre la co oficialidad de las lenguas oficiales". "Y supone", añadía, "la violación de principios de gradualidad y voluntariedad, y la violación de funcionalidad específica que corresponde a cada puesto de trabajo".

Mut denunciaba que esta propuesta del equipo de gobierno no llevaba el informe del secretario municipal que avale su legalidad.

Por lo que la popular le solicitaba que se pronunciara. A lo que el secretario municipal respondía que estos informes no se pueden pedir de viva voz, sino que se debe solicitar, por escrito, por una cuarta parte de los miembros de la corporación. Añadiendo textualmente que “no se pueden emitir informes a la carta”.

Por su parte, el concejal de Personal, Paco Roselló contestaba a Mut que la propuesta incluye los informes del asesor laboral externo y del técnico de Recursos Humanos.

Desde los bancos de Compromís, su portavoz Rafa Carrió defendía que “no es una obligación” sino un derecho, añadía, que tienen los ciudadanos de ser atendidos en valenciano. Y apelaba a evitar enfrentamientos y utilizar el valenciano como “arma de odio”.

Pero además, le lanzó un dardo a sus ex socios de gobierno, el PSPV-PSOE, criticando que ofrecieran la concejalía de Normalización Lingüística al grupo municipal Ciudadanos, un partido, manifestaba, que "está en contra del valenciano".

Lo que provocaba además la respuesta de la portavoz de la formación naranja, Susana Mut quien respondía que "el valenciano también es mi lengua, vivo en valenciano, sueño en valenciano, canto en valenciano, trabajo hablando en valenciano" y añadía que "nadie me diga que no quiero mi lengua". Mut apuntaba que está en contra de las imposiciones.

El debate plenario lo cerraba el alcalde, Vicent Grimalt, quien reprochaba unas palabras del Síndic de Ciudadanos en Les Corts contra esta medida, y aseguraba que "no se impone el valenciano a ningún trabajador".

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