"Nadie de la consejería de sanidad se ha puesto en contacto con nosotros".

Santander

La presidenta de la Asociación Defensor del paciente, Carmen Flores lamenta la inacción de la consejería de sanidad de Cantabria ante el error cometido con algunas partidas de omeoprazol que contenían realmente un antihipertensivo minoxidil, un componente que se suministra como crecepelo. Son veinte los menores afectados, pero siguen llegando a esta asociación nuevos posibles casos.

De hecho explica Flores se les ha remitido una carta a los consejeros de Sanidad de Cantabria, Andalucía y Comunidad Valenciana, en la que solicita el seguimiento y valoración de todos los niños afectados por el 'grave error de etiquetado' del omeoprazol.

En Cantabria, son diez los bebés que han sufrido síntomas de exceso de vello a causa del suministro por error de este medicamento, pero algunos bebes están presentando más síntomas, como un ritmo cardiaco acelerado o una excesiva sudoración.

Carmen Flores, presidenta de la asociación defiende que “es triste que la consejería de sanidad actúe a golpe de denuncia en los medios de comunicación, ya que ha tardado mucho en reaccionar y han sido las propias familias las que han interpuesto la denuncia y la Asociación quien ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos.

Amaya tiene un bebe de 27 meses que tomó este jarabe que contenía el compuesto usado como crecepelo. Los síntomas no han remitido, el vello a su hija por todo el cuerpo no se le ha caído, pero además presenta más afecciones, como un ritmo cardiaco acelerado, eczemas, sudoración. Asegura que desde mayo hasta ahora, nadie de la consejería de sanidad se ha puesto en contacto con ella y todavía no ha conseguido una cita para el cardiólogo.

Por ello, va a iniciar la tramitación de una denuncia particular ya que no puede comprender que después de este error no se les esté facilitando información alguna, ni ningún tipo de ayuda.

Un juzgado de Torrelavega ha abierto un procedimiento penal por los 10 casos de bebés cántabros afectados. En principio, el hecho de que la Fiscalía interrumpa sus diligencias de investigación y lo remita directamente al juzgado, se traduce en que el Ministerio Publico observa que hay indicios de la comisión de uno o varios delitos y debe ser investigado y supervisado por un juez. La fiscalía, aun así, seguirá siendo la principal impulsora de la acusación ante el juzgado.