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Viernes, 13 de Diciembre de 2019

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Cofely pagó los 60.000 euros pactados para Bartolomé González

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera en un auto emitido el 2 de septiembre que la trama de Cofely generó la mordida para pagar al exalcalde de Alcalá de Henares, y confirma que la empresa abonó esa cantidad mediante una facturación ficticia, al testaferro de David Marjaliza

El juez que instruye el Caso Púnica en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, da por acreditado que la empresa Cofely pagó 60.000 euros para abonar una mordida al exalcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González. Lo dice en un auto firmado el 2 de septiembre, en el que el magistrado señala a otros cuatro regidores de la Comunidad de Madrid para quienes, bajo el mismo modus operandi, se acordaron pagos ilícitos canalizados por el entramado societario del empresario David Marjaliza. Dice el magistrado que "los contratos con los ayuntamientos incluían cláusulas que obligaban a la compañía a abonar partidas sospechosas a terceras empresas. (...) Todos estos conceptos ficticios no tenían otra finalidad que la de desviar fondos de la adjudicación". Marjaliza "era el encargado de facilitar los contactos políticos que necesitaban los directivos de Cofely para amañar adjudicaciones". Y esas "facturas falsas por capítulos ficticios, sirvieron para que parte del dinero de los contratos de eficiencia energética adjudicados por los ayuntamientos retornara a los mismos responsables políticos que habían impulsado las licitaciones". Entre ellos, "el de Alcalá de Henares, Bartolomé González, 60.000 euros".

García Castellón destaca que, en Alcalá de Henares, el procedimiento para la adjudicación a Cofely comenzó siendo alcalde Bartolomé González. Y subraya, también, que los 60.000 euros acordados para el pago de la mordida fueron abonados por la compañía. Explica el magistrado que David Marjaliza utilizó empresas instrumentales, entre ellas Construcciones y Reformas De la Peña S.L., "para efectuar pagos, o para que recuperase el dinero adelantado en pagos ya efectuados", como sería el caso del ayuntamiento complutense. Dice el juez que "la emisión de facturas de contenido simulado o con abultados sobreprecios a la empresa Cofely generó dinero en efectivo que permitió ennegrecer fondos con el que poder abonar las comisiones pactadas con los cargos y funcionarios públicos implicados".

En el caso concreto de Alcalá de Henares, el auto refleja en el resumen de todo el proceso, que "los primeros trabajos" se iniciaron en los años 2010 y 2011. El 15 de junio de 2012 fue aprobada la adjudicación a Cofely pero se abrió un periodo de suspensión "tras la renuncia al cargo del alcalde Bartolomé González". Tras ello, el Ayuntamiento de Alcalá solicitó un informe técnico "a tres sociedades consultoras del círculo de confianza de Cofely". Una vez desbloqueado y adjudicado gracias a esa consultoría manejada por la propia compañía, "Construcciones y Reformas De la Peña, sociedad instrumental de David Marjaliza en connivencia con Cofely presentó un presupuesto el 12 de febrero de 2014 por tabajos en instalaciones municipales de Alcalá por 60.000 euros. Se preparó por Cofely una orden de compra a sabiendas de su ficción y se aceptó la factura nº8/ 2014 remitida por Ana Mª Ramírez, secretaria de David Marjaliza, el 13 de febrero de 2014 por el mismo importe de 60.000 euros IVA excluido", y confirma el auto que ese importe coincidente con la mordida pactada para Bartolomé González, "fue abonado en la cuenta de la sociedad el 20 de marzo de 2014".

El auto de la pieza separada sobre Cofely, en diligencias previas, llevará a declarar al exalcalde de Alcalá de Henares el próximo 12 de septiembre, pero no en calidad de investigado, sino de testigo. Una circunstancia que sorprende, incluso, en las filas del Partido Popular. Sí figuran en la lista de imputados quienes fueron cargos de confianza del gobierno de González, Fernando García Rubio o David Larrazabal, así como los otros alcaldes señalados en el auto. Llama, también, la atención que aunque otros ayuntamientos en una situación parecida figuran como parte presentada en condición de perjudicados, no aparece el Ayuntamiento de Alcalá de Henares cuyo gobierno, a través de los servicios jurídicos municipales, ha solicitado una aclaración formal ante la posible existencia de un error en el auto.

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