La Generalitat recupera para cooperación otros 452.000 euros de la trama del caso Blasco
Son cantidades aportadas por 12 de los acusados, entre los que no están el exconseller Rafael Blasco o el empresario Augusto César Tauroni
Valencia
La Generalitat ha recuperado otros 452.000 euros del daño patrimonial causado por 12 de los acusados en el juicio de las piezas 2 y 3 del caso Blasco, relacionadas con el desvío de fondos públicos que deberían haberse dedicado a proyectos en países en desarrollo, entre los que se encontraba la construcción de un hospital en Haití. A esta cantidad habría que añadir el 1.048.000 euros recuperados por el Consell en las piezas ya finalizadas relativas a relativas a las ayudas a la cooperación en Nicaragua.
El dinero depositado corresponde a las responsabilidades civiles asumidas por 12 de los procesados en la trama de desvío de fondos públicos, conforme a lo pactado por estos con la Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el juicio. Las cantidades ya han sido consignadas por los acusados e ingresadas en la cuenta de la Generalitat, de acuerdo con las conformidades pactadas el pasado mes de julio, y están pendientes de la sentencia judicial del caso, prevista para el próximo mes de diciembre, momento en el que estarán plenamente disponibles por parte de la Generalitat, que los destinará a ayudas a la cooperación para el desarrollo, como explica Antonio Torres, director general de relaciones con Les Corts y responsable de la oficina de recuperación de activos por los casos de corrupción.
Antonio Torres (director general de relaciones con Les Corts): "Es importante porque era dinero que aportó la ciudadanía confiando en que iría a cooperación"
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En la trama juzgada se encontraba el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía Rafael Blasco, el empresario Augusto César Tauroni y el antiguo jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares. Con ninguno de ellos se ha alcanzado un acuerdo de conformidad y siguen sin resarcir el daño patrimonial causado y reclamado por la Generalitat.