El actual gobierno no podrá desvincularse de Avalmadrid

Madrid

La pugna entre PP y Ciudadanos por el futuro de Avalmadrid es, como poco, estéril. El detonante de la polémica entre los dos socios de coalición fueron las declaraciones de Ignacio Aguado (Cs) en ‘La Ventana de Madrid’. El vicepresidente regional aseguró que “la instrucción para desvincularse de Avalmadrid ya está dada”. Unos trámites que recaen en la Consejería de Economía, en manos también del partido naranja, y que controla el 31% de la sociedad. El anuncio unilateral de Aguado provocó malestar en la otra pata del gobierno, en el PP; y la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, puntualizó después que la decisión debía pasar aún por el Consejo de Gobierno. El paso efectivamente aún no se ha dado, pero, según Aguado, se dará. De momento, Economía ya tiene el encargo formal de elaborar un plan de salida.

Los deseos del vicepresidente no solo se han dado de bruces con la resistencia del PP, también con la ley, así que deshacerse de la participación en Avalmadrid no va a ser tarea fácil. La propia naturaleza jurídica de la empresa, una sociedad de garantía recíproca, limita la capacidad de maniobra del gobierno regional. Según la ley que las regula, el socio que solicite el reembolso deberá hacerlo con meses de antelación, seis meses en el caso concreto de Avalmadrid, según los estatutos de la propia entidad. Y, si consigue que lo apruebe el Consejo de Administración, el gobierno regional aún quedará atado a su destino. Es algo así como una cláusula de responsabilidad que obliga Economía a seguir haciéndose cargo del riesgo asumido por la sociedad mientras la Consejería ha formado parte de ella. Y no es poco. La exposición de Avalmadrid al cierre del último ejercicio, de 2018, superaba los 352 millones de euros, pero la ley es diáfana: “el socio que se separa responderá por el importe del reembolso, y durante el plazo de cinco años, de las deudas contraídas por la Sociedad con anterioridad a la fecha del reembolso”. En definitiva, Aguado puede comenzar los trámites, pero en ningún caso verá completada su promesa en esta legislatura.

"Me parece increíble y me indigna que se plantee la ocurrencia de que la Comunidad de Madrid no debería participar en una sociedad que se dedica a apoyar la financiación de las PYME", asegura por correo electrónico Concepción de la Fuente, profesora de Economía de la Empresa en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y que fue directora general de Avalmadrid entre 1988 y 1996. Irene Comeig, profesora de Finanzas Empresariales de la Universidad de Valencia, asegura que “la Comunidad no puede salir de un día para otro, ni siquiera de un mes para otro”. Comeig, con varios trabajos publicados sobre este tipo de sociedades, teme una estigmatización de un instrumento que -insiste- tiene un enorme efecto dinamizador en la economía financiando el tejido productivo. Salir de Avalmadrid, dice, “es condenarla a la desaparición”.

“Barbaridad” o “despropósito” son otros de los adjetivos que la iniciativa despierta en economistas y gestores consultados por la Cadena SER, que califican la iniciativa como “impropia de un partido como Ciudadanos”. Para José María Iváñez, antiguo alto cargo del Ministerio de Industria con el PSOE, y uno de los encargados de impulsar la nueva regulación, el paso es “precipitado y exagerado” por su efecto potencial en la solvencia de Avalmadrid y la complejidad que conlleva. Desde la confederación estatal que agrupa a la entidad madrileña y a las otras 17 sociedades de ese tipo que existen en España, CESGAR, no entran en polémicas políticas, pero inciden en su utilidad. Su secretario general y CEO, Ignacio Temiño, lo resume en una frase: “si no existieran, tendrían que crearse”.