El repunte de violencia entre menores "parece encontrarse bajo control"

Bilbao

La Cadena SER en Euskadi ha tenido acceso a la Memoria de la Fiscal Superior de Euskadi correspondiente a 2018, en la que Carmen Adán, recoge la foto fija de cada Fiscalía, incorpora sus demandas y propuestas de reforma y las acompaña, en algunos casos, de una solicitud añadida. La violencia doméstica es el delito estrella, sin embargo, acoso escolar, siniestralidad laboral o discapacidad engloban algunas de las propuestas más novedosas. La propia Fiscal Superior del País Vasco hace una propuesta bajo su firma a cuenta de la discapacidad, acreditando la "falta de centros de educación especial para sentenciados con deficiencia psíquica". En el capítulo de la discapacidad es la Fiscalía de Gipuzkoa quien destaca la "necesidad de regular mediante Ley Orgánica los supuestos que pueden dar lugar al ingreso involuntario", abordando los diversos casos y estipulando las circunstancias que pueden determinar el ingreso involuntario psiquiátrico y geriátrico. La Fiscalía de Álava comparte la falta de regulación clara sobre estos internamientos, aunque no detecta irregularidades reseñables.

Sí lo hace, por ejemplo, al hablar de delitos contra la Hacienda Pública y la administración. Dice Josu Izaguirre, y recoge la Fiscal Superior en su memoria, que hay tendencia a archivar, absolver o sobreseer este tipo de causas y eso hace necesario un "estatuto que proteja a los denunciantes en supuestos de corrupción que derive en mayores garantías". En siniestralidad laboral, la Fiscalía de Gipuzkoa reconoce la "excesiva y prolongada instrucción de las causas por el elevado número de imputados y la dificultad para citar testigos o perjudicados". Álava secunda añadiendo que "hay pocas actuaciones preventivas por falta de conciencia social y por los propios trabajadores". La Fiscal Jefe de Bizkaia incide en que "la violencia entre menores y de género debería tratarse con más profundidad en los centros escolares". De hecho, Ana Barrilero dice que ante la dificultad de obtener pruebas, en casos de denuncias contra profesores, cuidadores de guarderías o familiares, "la gravedad de la denuncia debiera permitir la grabación en vídeo de espacios cerrados de despacho o aulas". La Fiscalía de Gipuzkoa hace una propuesta concreta sobre acoso escolar. Solicita que "sean objeto de tipificación específica e independiente" y que los centros escolares tengan responsabilidad civil.

Menores en Bizkaia

Dice Ana Barrilero que en Bizkaia no constan brotes específicos de delincuencia y conducta antisocial, en el sentido de bandas organizadas, sino pequeños grupos de menores nacionales o de MENAS, tutelados por la Diputación, que participan en hechos de especial trascendencia cuyo repunte "parece encontrarse bajo control". Destaca como delito estrella la violencia doméstica y es que a pesar de su descenso relativo, es el que más incidencia tiene los fines de semana y en vacaciones. En dos ocasiones, el año pasado, se solicitó y acordó la medida de convivencia en grupo educativo, y, por tanto, expulsión de la unidad familiar, de dos menores por agredir a sus padres. La Fiscal Jefe vuelve a destacar la ausencia de un grupo de la Ertzaintza especializado en menores, aunque dice que al menos cuentan con un interlocutor. Asegura que "la ratio diaria de menores investigados que comparecen en la Fiscalía para ser explorados es de cinco al día", al que hay que añadir los que en detención son puestos a disposición del Fiscal, que viene a ser de uno o dos menores tras el fin de semana y los festivos. Destaca la Fiscalía de Menores de Bizkaia, en este capítulo, que "es de destacar que en 2018 se ha dado una disfunción de especial gravedad y es que ante el volumen de internamientos en los centros de reforma, se ha retrasado mucho el cumplimiento de las sentencias firmes acordando el internamiento, en ocasiones en más de 6 meses, no así cuando se interesa en la medida cautelar. Dice la Fiscal que "el tema no es baladí" ya que si "es necesaria una mayor contención de ese menor al que se le ha modificado la medida, el dejar de cumplir la ejecución durante meses pudiera traer mayores problemas a la larga, que el menor crea que nada le puede ocurrir ni con resolución firme y pueda seguir delinquiendo en esa situación de riesgo".

Destaca la Fiscal Jefe de Bizkaia, en la memoria que recoge Carmen Adán, un capítulo añadido en Seguridad Vial. Aprecia un incremento de la criminalidad de un 9,55%. En los últimos años, especialmente por alcohol y drogas. En la memoria, la Fiscal Jefe recoge "disfunciones" en la calificación por el juez de instrucción de determinadas conductas como constitutivas de un delito de imprudencia leve. Alerta sobre el juzgado de Barakaldo que "archiva de plano procedimientos de muerte o lesión grave sin practicar diligencias". Destaca la delegada de Bizkaia en Seguridad Vial que "los juzgados de instrucción no recaban de los perjudicados los datos necesarios para una adecuada aplicación del baremo" y la responsabilidad civil se deja a la ejecución de la sentencia.

Sansoheta

Para el Fiscal Jefe de Álava, Josu Izagirre, Sansoheta es el "caldo de cultivo perfecto para todo tipo de conductas disruptivas". Asegura Izagirre que es un centro de protección donde residen todos los menores que mayores problemáticas plantean (jóvenes con problemas de drogadicción o con enfermedades psiquiátricas por diagnosticar). Recoge que no son extraños los ataques a educadores y las conductas "fuguistas" de los jovenes ingresados, a lo que añadir que gran parte de ellos son menores infractores. Asegura que el personal del centro está desbordado en su tarea educativa y aconseja la creación de centros más específicos para cada problemática. Mantiene Izagirre que "no contamos con centros para la desintoxicación de jovenes con problemas de adicciones, ni tampoco con centros especialmente indicados para adolescentes con problemas mentales". Todos son reconducidos a Sansoheta y, esta mezcla de necesidades educativas, dice, tan distintas en un solo centro de protección, hace que la tarea sea ardua y difícil y que no siempre se consiga el propósito de integración.

Izaguirre destaca, además, su preocupación por la violencia de hijos a padres y propone una reforma legislativa que elimine la obligatoriedad de imponer la medida de alejamiento. Preocupa, dice, en estos supuestos de violencia los casos de quebrantamiento de condena. Vuelve a insistir en que "el uso de sistemas electrónicos de control es problemático en Álava" habida cuenta de su distribución poblacional en núcleos pequeños.