Pendientes de pago 103 millones de euros en Zaragoza
Es el resultado de la auditoría encargada por el nuevo gobierno PP - Ciudadanos y que revela 35 millones pendientes de pago, casi 40 en pago de sentencias firmes o 24 millones de infradotación presupuestaria en varios servicios
La vicealcaldesa, Sara Fernández, y la concejala de Hacienda, María Navarro, durante la presentación de los resultados de la auditoría / Toño Ruesta
863 millones de deuda, es decir, más de 1.200 euros por habitante, y un agujero de 103 millones que el Ayuntamiento de Zaragoza debe afrontar este año. Son los números globales de la auditoría que encargó el actual gobierno PP - Ciudadanos, y que ha elaborado la intervención general del consistorio. Sorpresas pocas o casi ninguna que no hayan desgranado en este inicio de curso político. La propia vicealcaldesa, Sara Fernández, lo ha reconocido.
Además de la deuda global de 863 millones, el agujero que tienen que pagar en 2019 es de 103 millones. Estos recogen los 37 millones del Fondo de Impulso Económico solicitado al Estado para pagar sentencias firmes, 2,6 millones de una expropiación y 24 millones de infradotaciones de partidas de Servicios Públicos, que abordarán con una modificacion presupuestaria y otra parte con cargo a los presupuestos 2020.
Según ha apuntado Sara Fernández, "esos casi 25 millones de euros, lo que estamos haciendo desde el Área de Economía es recopilar la información de todas las áreas, partida a partida, viendo de dónde podemos sacar dinero para hacer frente a esta infradotación".
Además, 35 millones en revisiones de precios de las contratas, para las que tendrán que renegociar con las empresas adjudicatarias. Incluso hay riesgos que están por venir. María Navarro, portavoz del gobierno, ha indicado que "hay que computar un riesgo cierto", como son las "revisiones de precios de FCC, que no se computan en la auditoría el año 2018 ni el año 2019, y son otros 14 millones de euros más que van a tener que solicitar a este ayuntamiento con todas las sentencias condenatorias, que nos han obligado a pagar las revisiones de precios de años anteriores".
