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Martes, 21 de Enero de 2020

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Castilla-La Mancha y Aragón exigen financiación pública para frenar la despoblación

Los presidentes de ambas comunidades se han reunido en Molina de Aragón (Guadalajara)

Los gobiernos de Castilla-La Mancha y Aragón han reiterado este martes, en una reunión que han mantenido en Molina de Aragón (Guadalajara) responsables de ambos Ejecutivos autonómicos, la necesidad urgente de abordar por parte del Gobierno de España, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de servicios públicos fundamentales en territorios afectados por la despoblación, teniendo en cuenta el coste añadido que supone para las comunidades autónomas.

Ambos ejecutivos han coincidido en que el nuevo modelo de financiación debe incluir en la cuantificación del gasto, el coste de la prestación de los servicios la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento, cumpliendo así con los principios de solidaridad y suficiencia financiera.

Además, entre otras medidas, han propuesto incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, así como en programas de inversión que favorezcan la redistribución territorial. Igualmente han señalado la necesidad de implementar medidas de discriminación positiva en las áreas territoriales desfavorecidas y que permitan desarrollar infraestructuras.

Del mismo modo, ambos gobiernos han planteado impulsar una armonización fiscal para impedir la competencia desleal entre distintas comunidades autónomas en esta materia y más recursos financieros para el desarrollo rural y combatir la despoblación.

En este punto, han ratificado los principios recogidos en la Declaración Institucional conjunta sobre la reforma del Sistema de Financiación Autonómica y de los Fondos de la Política de Cohesión Europea que suscribieron los dos gobiernos hace un año en Zaragoza junto con los de Galicia, Asturias, La Rioja y Castilla y León.

Principios que deberían sustentar la nueva arquitectura del sistema de financiación autonómica que sustituya al modelo vigente desde 2009, ya que dichos principios garantizan de manera plena el derecho constitucional a la igualdad de todos los españoles.

Y es que, tanto Castilla-La Mancha como Aragón han defendido que el nuevo modelo debe garantizar que todos los ciudadanos españoles reciban los mismos servicios públicos, con independencia de su lugar de residencia y de su capacidad fiscal o económica, teniendo en cuenta siempre el distinto coste de prestación de dichos servicios en cada territorio, y que se corrija la infrafinanciación que soporta el actual modelo, dotando al sistema de mayores recursos, en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.

Por todo ello, los ejecutivos castellano-manchego y aragonés han considerado urgente la conformación de un nuevo Gobierno en España para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de marzo.

Ambos Gobiernos autonómicos se han emplazado a continuar los contactos para coordinar actuaciones y propuestas en materia de despoblación y financiación ligada al reto demográfico que tienen por delante sendos territorios.

Anticipos a cuenta

Por otra parte, han abordado la necesidad de que el Gobierno de España, con las modificaciones legales que sean necesarias, desbloquee tanto los anticipos a cuenta de 2019 que adeuda a las comunidades autónomas como la mensualidad de la liquidación del IVA de 2017 que deben percibir este año, para evitar tensiones en las finanzas autonómicas en el último trimestre del año. Asimismo, han reclamado desligar la comunicación de las entregas a cuenta del proceso presupuestario nacional.

Todo ello en aras a garantizar los principios de suficiencia y autonomía financiera y seguridad jurídica de las comunidades autónomas no estén al albur de la situación política nacional como ha ocurrido en los últimos años, y que no dependa, entre otras cuestiones, de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

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