Ecologistas reclaman que el Plan 5G se someta a evaluación ambiental

Ecologistas en Acción de Segovia y la Plataforma STOP 5G Segovia han denunciado que, según el informe del Defensor del Pueblo, el Plan y proyectos piloto 5G deben ser sometidos a evaluación ambiental, y a un seguimiento de sus repercusiones sobre la salud, considerando a los colectivos vulnerables, que en la práctica no han sido tenidos en cuenta.

Segovia ha sido una de las dos primeras ciudades en España en poner en marcha un Plan Piloto 5G mediante la firma de un convenio entre Telefónica y el Ayuntamiento de la ciudad, que permite que la empresa realice pruebas tecnológicas sin exigirle a cambio ningún tipo de garantía.

Mediante un comunicado, Ecologistas en Acción de Segovia, ha denunciado que tanto su organización como la Plataforma STOP 5G han reclamado "sin éxito" al Ayuntamiento que realizara un seguimiento sobre sus posibles efectos para la salud y que "comprobara" si la empresa contaba con un seguro de responsabilidad civil.

Ambos colectivos han presentado quejas ante el Defensor del Pueblo por el modo en que se han puesto en marcha el Plan 5G y los Proyectos Piloto. Ante las irregularidades detectadas, el Defensor ha elaborado un documento de 17 páginas.

Señala el Defensor del Pueblo que los Planes como el 5G deben ser sometidos a una evaluación ambiental estratégica, un requisito "que no se ha respetado", según los ecologistas. También recoge el informe "la obligación de que los Proyectos Piloto sean sometidos a una evaluación de impacto ambiental en caso de que cumplan los requisitos establecidos por ley".

“La evaluación ambiental estratégica requiere incorporar los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones. Eso significa que en la elaboración del Plan deben valorarse y tenerse en cuenta los aspectos medioambientales junto a los aspectos económicos y sociales, con el fin de alcanzar un elevado grado de protección ambiental y promover el desarrollo sostenible”, especifica el informe del Defensor.

Según los ecologistas, el informe del Defensor del Pueblo "apunta numerosas irregularidades en la manera en que se ha puesto en marcha el Plan 5G, pues se ha publicado en una web y no en el BOE y no se han respondido debidamente las alegaciones presentadas en la fase de participación pública (que entre otras cosas reclamaban un estudio ambiental) con lo que este trámite no se ha cumplido debidamente".

El Defensor solicita a la Secretaría de Estado para el Avance Digital que informe de las medidas adoptadas para evaluar los posibles efectos sobre la salud de los proyectos piloto. Establece además que la frecuencia 26 GHz, una de las tres que se utiliza para la tecnología 5G, no tiene límites seguros regulados, e insta al gobierno a aplicar el principio de precaución.

Así mismo, vuelve a requerir a la Administración para que constituya el Comité Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud, no creado tras más de 5 años desde la entrada en vigor de la ley General de Telecomunicaciones de 2014 “con el fin de que se pronuncie sobre la aplicación del principio de precaución”.

El Defensor remite a la Resolución 1815 del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, “que insta entre otras cosas, a aplicar el principio de precaución y el principio ALARA (mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible), a adoptar todas las medidas necesarias para reducir la exposición a los CEM, en particular de niños y jóvenes, y a la necesidad de prestar especial atención a las personas que sufren síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos”.

Ecologistas en Acción y la Plataforma Ciudadana STOP 5G, ponen en cuestión la legalidad y la legitimidad democrática del “Proyecto Piloto Ciudades tecnológicas 5G” que se está desarrollando en Segovia y reclaman, la aplicación del principio de precaución y la paralización del proyecto hasta contar con las garantías debidas.