Domingo, 23 de Enero de 2022

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Cuando la deuda conduce al fraude

El director de la Tesorería General en Cádiz insta a los empresarios a acudir al ente público para solicitar un aplazamiento de la deuda en lugar de tratar de ocultarlo cometiendo fraude

Cartel de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz, en la sede de Amílcar Barca.

Cartel de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz, en la sede de Amílcar Barca. / Cadena SER

La lucha contra el fraude a la Seguridad Social no es nueva en la provincia de Cádiz. Se viene trabajando a conciencia desde el año 2006, cuando para tratar de sistematizar el trabajo de la provincia y controlar los supuestos defraudatorios, se comenzó a elaborar un mapa de indicios contra el fraude y a categorizar y dejar claros los procedimientos a seguir. El resultado de ese trabajo vio a la luz en 2013, cuando se envió a los estamentos públicos una circular conjunta sobre empresas ficticias y altas indebidas en la Seguridad Social.

Paralelamente, desde el año 2004, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también colaboran, tras la creación de la sección de investigación de la Seguridad Social, que actualmente dispone de 40 efectivos en Cádiz.

En la actualidad, la provincia cuenta con el Observatorio Contra el Fraude a la Seguridad Social, una conjunción de entes y asociaciones destinada a mejorar la coordinación, y que está formada por las entidades gestoras y los servicios comunes, el servicio jurídico de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, la Tesorería General y los Agentes Sociales. También forman parte el Observatorio de la Marina, la Policía Nacional, la Guardia Civil, Fiscalía y Extranjería.

Una unión de fuerzas que, según publicaba la semana pasada la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Cádiz, en los últimos tres años ha instruido 524 expedientes por posibles inscripciones y altas indebidas a la Seguridad Social, entre los que destaca el estudio de 406 posibles empresas falsas, de las que 21 fueron objeto de anulación total y en otras 25 empresas se anularon altas indebidas de trabajadores ficticios.

Una herramienta poderosa, destinada a cerrar el cerco sobre los ‘tramposos’ que tratan de escapar de las obligaciones con el erario, con el consecuente daño que genera tanto a empresas como al ciudadano de a pie.

Gracias al Observatorio se tiene más localizado y se conocen mejor los pasos a seguir para frenar el fraude, pero si existe una cuestión capital, antes que nada, es la prevención; evitar que a causa del endeudamiento una empresa cometa fraude para tratar de ocultarlo y, por ende, la maquinaria del observatorio se vea obligada a entrar en funcionamiento, con la más que posible consecuencia del cierre de la empresa.

Por eso, el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, Miguel López, ha lanzado en Radio Cádiz un mensaje a los empresarios de la provincia, y les ha instado a que, ante el inicio del endeudamiento de su sociedad, cuando la empresa empiece a tener problemas económicos, acudan a la Tesorería y soliciten el aplazamiento de la deuda.

“Es mucho mas importante que una empresa siga activa, siga cotizando, se le facilite la regularización y solicite un aplazamiento antes de que cierre. Nunca tendremos interés en cerrarla, todo lo contrario. Es muy importante que el empresario sienta que cuando empiece a tener problemas económicos, sepa que puede solicitar un aplazamiento de la deuda”.

Según López, en 2018 concedieron más de 3.000 aplazamientos de deudas de hasta 90.000 euros. Una cantidad que supone más de la cuarta parte que ha recaudado la Tesorería. El dato pone de relieve el interés primordial que tiene el ente público, según su director, por facilitar al empresario que pueda continuar con su actividad y evitar que su empresa baje la persiana o que incurra, incluso, en un delito penal.

“Estamos hablando de las deudas que pequeñas y medianas empresas empiezan a acumular, y antes de que se convierta en una bola imposible, es preferible solicitar un aplazamiento cuanto antes”, explica.

El director ha puesto como ejemplo un caso muy habitual que suelen encontrarse, como es el de una Pyme que debe a la Seguridad Social menos de 30.000 euros. López afirma que, “si esa empresa no ha incumplido otros aplazamientos y además existen trazas de que tiene una viabilidad, se le concede un aplazamiento de 6 a 12 meses, y cualquier deuda a la Seguridad Social que no supere esa cifra, no necesita una garantía para ser aplazada”.

De esta forma, prosigue, “la empresa puede continuar desarrollando su actividad sin generar recargos ni intereses y, sobre todo, se da muestra ante la recaudación ejecutiva de que hay intención de abonar la deuda en un futuro”.

Esa es la cuestión que beneficia más a la empresa según López, porque “si reconoce los problemas económicos y solicita el aplazamiento de la deuda, el empresario está acreditando ante la Tesorería que no tiene ningún ánimo defraudatorio”.

Algo esencial porque, desde 2012 que se introdujo en el Código Penal el fraude a la Seguridad Social, lo que más se tiene en cuenta es esa intención defraudatoria. La vía penal es el último recurso que, según López, emplean para luchar contra el fraude, pero aun así la Sección de Investigación de la Seguridad Social, como Unidad de la Policía Nacional adscrita funcionalmente a la Tesorería General, ha iniciado en los últimos tres años 33 expedientes de investigación en Cádiz, con 35 personas detenidas y un fraude investigado por importe de 14.833.319 euros.

El fraude, señala el máximo responsable, “hace daño por muchos lados”, pero incide en el perjuicio que supone para la ciudadanía porque “las prestaciones se financian con el dinero que entra ese mismo mes en la tesorería, por lo que si no conseguimos mantener el nivel de recaudación, cada vez tendremos más problemas para pagarlas”.

Los principales tipos de fraude en los que se incurre en la provincia es en la creación de empresas ficticias o empresas pantalla, junto con el alta indebida de trabajadores a la Seguridad Social. Este último incumplimiento de las obligaciones, con los trabajadores como protagonistas, es el más común.

Además de que supone “competencia desleal con la empresa que está al lado”, es una ilegalidad que deja vendido al empleado, y Miguel López pone como ejemplo el siguiente caso:

“Si tienes un bar abierto y das de alta durante 3 horas a tu trabajador, y el de al lado sí da la jornada completa, ahí existe competencia desleal, pero es que cuando ese trabajador vaya a la Seguridad Social a pedir una prestación, o pida una vida laboral por internet, se dará cuenta que no le han cotizado el tiempo correcto”.

Los fraudes con los empleados es un asunto que preocupa especialmente a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que inciden en la importancia de que el trabajador esté correctamente formado y que se cambie la normativa.

“Ese es uno de los elementos en los que nosotros insistimos, modificar la normativa para que todo el empleo salga a la luz, y sobre todo que sirva para contribuir al sistema de la Seguridad Social. Lo que más nos llega son los fraudes en las contrataciones, contratos que no se atienen a la normativa y otro tipo de fraudes más concretos como son los falsos autónomos”, apunta Antonio Pavón, secretario provincial de UGT.

Para la secretaria provincial de Comisiones Obreras, Lola Rodriguez, el elemento más preocupante, porque se encuentra en un limbo legal, son los falsos autónomos, “en una precariedad absoluta laboral, se contribuye a que se vacíen las arcas de la Seguridad Social, y es un elemento prioritario aflorarlo y regularlo”.

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Cádiz ha mostrado su rechazo ante las prácticas defraudadoras, porque consideran que impiden que las empresas compitan en igualdad de condiciones.

La secretaria general de la CEC, Carmen Romero señala que “se trata de que siempre haya una competencia leal, que se funcione respecto a las mismas reglas. No puede haber empresas que facturen sin IVA y tras con IVA, o unas que tengan trabajadores no dados de alta y otras sí los tengan, porque eso es competencia desleal y los costes de una y otra son diferentes”.

La organización empresarial gaditana, que tienen la labor de trasladar a la Tesorería General los supuestos de fraude que conocen, ha garantizado su compromiso para luchar contra el fraude, pero al mismo tiempo han querido romper una lanza a favor de las empresas que actúan correctamente, y Romero ha animado a que “se valore todo lo que se hace correctamente, y se actúe sobre lo que no se hace bien”.

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