Los cinco vertederos de la provincia, desbordados

El vertido de residuos a las cinco plantas municipales de la provincia superó el año pasado el 70'4%, una cifra muy por encima del límite del 45% que establece el Plan Integral de Residuos, y que demuestra el "abuso del vertido" que se está haciendo en todo el País Valencià, según Ecologistas en Acción.

Además, la recuperación de materiales y subproductos solo llega al 2,7% de la basura que entra, cantidad muy inferior al 9% que determina la normativa.

En 2018 se vertieron 560.000 toneladas de residuos municipales después de pasar por las plantas tratamiento mecánico-biológico, de un total de unas 800.000 toneladas entrantes, lo que representa ese 70,4%, que supera en 25 puntos el vertido máximo autorizado.

Los datos han sido analizados por Ecologistes en Acció, a partir de las memorias de gestores de residuos que las empresas gestoras están obligadas a presentar en el primer trimestre, y que la organización ecologista solo pudo conseguir mediando una queja al Síndic de Greuges.

Y según esos datos la vida útil de los cinco vertederos asociados en esas plantas -Alicante, Xixona, El Campello, Elx y Villena- sería de solo tres años y medio. Un ejemplo es el vertedero de Villena, que ya se saturó, al llenarse por completo sus celdas, y la misma dinámica espera al resto de vertederos a Alicante, dice Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, que denuncia la "nefasta gestión de los residuos municipales en el Paìs Valencià". Exigen que la conselleria abra expediente sancionador a las corporaciones responsables de la gestión de esas plantas, entre ellas FCC, Cespa-Ferrovial, Ortiz e Hijos y Hormigones Martínez, e incluso a la propia empresa pública Vaersa.

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Ecologistas exige un cambio urgente en el modelo de gestión y recogida de los residuos municipales. Recuerda que a partir de 2020, el incumplimiento más que probable de la legislación europea, que nos exige reutilizar y reciclar el 50% de los residuos generados, conllevará sanciones en los ayuntamientos y consorcios de residuos, que acabará pagando el ciudadano de a pie.