Echávarri, juzgado a partir de este lunes por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio
Junto al exprimer edil también serán juzgados por prevaricación el exjefe de gabinete Lalo Díez y el exasesor de la Concejalia de Comercio Pedro de Gea
El exalcalde de Alicante y el exjefe de gabinete Lalo Díez(EFE)
Alicante
El exalcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri se sentará en el banquillo de los acusados a partir de este lunes para ser juzgado por un supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio durante la etapa en la que él compatibilizó la Alcaldía con la gestión de ese área.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, considera a Echávarri responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de hasta 25 contratos menores, cada uno de ellos por un importe inferior a los 18.000 euros, por una cifra global que ascendió a 189.000 euros.
Todos esos contratos, supuestamente relacionados entre sí, se tramitaron entre noviembre y diciembre de 2016 con motivo del lanzamiento de una campaña de promoción del comercio local, de la organización de una Gala de Premios al Comercio y de la ejecución de diversas mejoras en la señalización de los mercados municipales.
Así lo apuntó el PP al presentar la denuncia con la que se iniciaron las diligencias, en abril de 2017.
Cinco meses después, el juzgado de instrucción número 9 de Alicante acordó la imputación de Echávarri, y dos más tarde, en noviembre de ese mismo año, dictó el auto de su procesamiento tras las peticiones formuladas tanto por la fiscalía como por el propio PP municipal, liderado entonces por el actual alcalde, Luis Barcala.
Los populares renunciaron a ejercer la acusación en el juicio hace dos semanas tras argüir que no resultaba procedente que el actual alcalde acusase en un juicio a su predecesor, pero el proceso sigue adelante mediante la acusación del ministerio fiscal.
En su escrito de calificación inicial, Anticorrupción considera que esos 25 contratos menores compartían un mismo fin por lo que, en lugar de tramitarse por separado, debieron haberse agrupado y licitado de manera conjunta, a través de un concurso para encargar su prestación.
Así, solicita para Echávarri una pena de diez años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público.
Junto al exprimer edil también serán juzgados por el mismo delito dos de sus colaboradores en el ayuntamiento: el jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y el asesor de la Concejalía de Comercio, Pedro de Gea.
El fiscal considera que los dos, desde sus respectivas responsabilidades, también participaron en la tramitación de esos contratos por separado de una manera "arbitraria" en beneficio "siempre y únicamente a profesionales elegidos por propia voluntad del alcalde y de sus asesores".
Las defensas, por su parte, mantienen que los hechos denunciados se circunscriben a una diferencia de interpretación sobre cuál debió ser el procedimiento adecuado para adjudicar esos encargos y sostienen que pudo haber un error administrativo sin intencionalidad ni perjuicio, ya que los trabajos contratados se realizaron a precio de mercado. En esta línea, solicitan la absolución de los tres acusados.
El juicio se desarrollará en cinco sesiones, entre el lunes y el viernes, ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante.
Además de los tres acusados, están citados a declarar como testigos el actual alcalde, Luis Barcala (PP), el interventor municipal y el jefe de servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló.
También deberán comparecer el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, y la exportavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo (ahora diputada autonómica).
Echávarri presentó su dimisión como alcalde y la renuncia al acta de concejal en abril de 2018 después de que se confirmase un segundo procesamiento por el despido supuestamente irregular de una trabajadora eventual del Ayuntamiento, cuñada de Barcala. El exprimer edil también será juzgado en relación a esos hechos en enero de 2020.
