Anticorrupción mantiene la petición de 10 años de inhabilitación para Echávarri

Alicante

Visto para sentencia en la Audiencia Provincial el juicio por el Caso Comercio. Las partes han elevado este viernes a definitivas sus conclusiones.

El fiscal anticorrupción sostiene que el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y sus dos asesores, Lalo Díez y Pedro De Gea, "fraccionaron los contratos para poder otorgarlos a quienes ellos querían a sabiendas del perjuicio" para el Ayuntamiento. Por esa razón, ha mantenido para los tres su petición de 10 años de inhabilitación para cargo electo por prevaricación administrativa.

Felipe Briones ha asegurado durante la última sesión que "todo lo que se podía hacer mal con el dinero público se hizo. Todo".  El fiscal ha mantenido, además, que el exalcalde Echávarri fue quien "ideó" el organigrama de la Concejalía de Comercio, cuyas competencias se había reservado,y le considera "autor material" de la presunta ilegalidad por amparar, como último responsable, esos 25 contratos por valor de 189.000 euros, mientras que a Eduardo Díez y Pedro De Gea los considera "cooperadores necesarios".

Además, para Briones es una "manifiesta ilegalidad" que esos contratos, "deliberados y reiterados", se realizaran "sin la supervisión" de los técnicos municipales, que "nunca tuvieron conocimiento de los expedientes". "Desde luego queda claro", continúa, que se contrató "directamente a quién se quiso" y a sabiendas de que se estaba "inculcando el derecho a la libre competencia y de que los precios podían mejorarse". Los tres eran "conocedores", ha argumentado, de que no "llegaban a los plazos" para haber sacado un concurso público, por lo que Comercio "hubiera dejado de poder disponer" de 200.000 euros adicionales que hubieran retornado a Tesorería. "No les daba tiempo a contratar correctamente e hicieron un abuso del contrato menor", ha matizado. Contratos que según el fiscal "tienen el mismo objeto y se gestionaron al margen de los técnicos, que tampoco verificaron los servicio". "La ley no ampara los atajos", ha concluido.

Por su parte, los letrados de la defensa han solicitado la libre absolución de sus defendidos.

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José Díez, abogado del exalcalde, ha recordado que la figura del contrato menor es una "figura legal cuando no existe un nexo común entre las facturas, como es el caso", y que el Ayuntamiento da luz verde a 14.000 contratos menores anualmente. Asegura que Echávarri "no puede haber causado dolo puesto que nunca participó" en las gestiones, "como han declarado tanto Díez como De Gea".

También ha destacado que el entonces primer edil asumió "todas las responsabilidades políticas derivadas de su imputación como máximo responsable del Ayuntamiento y abandonó también en sus cargos orgánicos en el PSPV".

El abogado ha recordado que los técnicos "sí supervisaron esas facturas puesto que son ellos los que meten la documentación en el sistema para que luego se firme" y ha insistido en que a lo largo de las sesiones "no ha habido ni una prueba que demuestre la intervención dolosa de Echávarri". Ha recordado igualmente que los contratos menores son una figura administrativa "completamente legal, que no exige que haya expedientes", y que los testigos, responsables de medios de comunicación con los que se contrató publicidad, han "confirmado que no existe unidad funcional entre ellas".

Por su parte, el letrado de De Gea y Díez, Fernando Cazorla, ha coincidido en afirmar que cada factura corresponde a "conceptos diferentes sin nexo entre sí", por lo que la agrupación de facturas, que según el interventor municipal y el jefe de área se podía haber realizado, "es artificial". Además, ha asegurado que las 25 facturas corresponden a trabajos "ejecutados y ajustados a precio de mercado".

En el turno de última palabra solamente ha hablado el exjefe de Gabinete de Echávarri, Eduardo Díez, para pedirle al juez que "revise bien toda la documentación" porque "ni mucho menos" se urdió una trama para contratar en la Concejalía de Comercio.

Ha recordado que él, en el día a día, ya tenía "suficiente" con lidiar con los problemas que surgían en el seno del gobierno tripartito (PSPV, Guanyar y Compromís) y que los hechos juzgados sucedieron tan solo dos meses después de que él tomara posesión de su cargo. "Han sido dos años que no han sido agradables", cuya consecuencia máxima fue el abandono de sus funciones, ha concluido.