El TSJA tumba el PGOU de El Puerto

El Puerto de Santa María

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado la nulidad de las ordenes de aprobación del Plan de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa Maria, en vigor de manera definitiva desde el 23 de diciembre de 2013.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Radio Cádiz, admite las impugnaciones presentadas por varios grupos privados y reconoce la “falta de integridad del plan por su aprobación mediante actos sucesivos, ya que el originariamente aprobado deja pendientes cuestiones sustanciales y estructurales, entre ellas prácticamente todas las objeciones medioambientales”.

El fallo, de 18 páginas, desarrolla dos líneas argumentales básicas, por una parte, señala que el documento, en sus fases de redacción, aprobación provisionales y modificaciones previas, “debió ser sometido a información pública por implicar cambios sustanciales respecto de la precedente”.

Por otra parte, alude a la doctrina europea que establece la obligación de incorporar al documento un informe de Evaluación Ambiental Estratégica para los planes cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y su aprobación definitiva posterior al 21 de julio de 2006.

La sentencia reconoce que puede haber excepciones, pero señala que “excluir su aplicación exige una declaración expresa de inviabilidad, aquí inexistente, y una intensa motivación”.

El TSJA concluye “que esta forma de conducirse es difícilmente compatible con el modelo de ciudad compacta, previsible y vertebrada que la legislación urbanística propugna”.

El gobierno local ha previsto una reunión de urgencia para evaluar el efecto de la medida a primera hora del lunes.

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero, ha señalado que su organización advirtió en 2012 al entonces gobierno de Enrique Moresco (PP) que el PGOU “estaba condenado porque contenía gravísimas ilegalidades, entre ellas, los crecimientos previstos, del 65 % de suelo urbanizarle sobre la base una estimación de aumento de la población hasta los 149.000 habitantes en el plazo de pocos años, cuando la realidad ha sido que el número de residentes ha bajado”.

Clavero ha explicado, que en 2017, su organización insistió el gobierno de David de la Encina (PSOE) sobre la necesidad de reajustar el documento, “y también se nos dijo que no”.

Clavero ha advertido que el fallo deja sin efecto los desarrollos urbanos y de suelos industriales, con el consiguiente efecto para la economía y el empleo. De hecho, según EA, la sentencia deja en situación de ilegalidad desarrollos ya ejecutados sobre la base de modificaciones de la calificación del suelo que ahora quedan sin efecto.

El fallo, ha dicho el portavoz, “puede paralizar todas las actuaciones urbanísticas en El Puerto durante bastantes años”.