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Viernes, 18 de Octubre de 2019

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Sobre el IGIC

Hace un par de semanas, Román Rodríguez nos metió el miedo en el cuerpo con la inminente llegada a las islas de los hombres de negro del Gobierno central, que iban a llegar a ajustarnos las cuentas por culpa del déficit. Rodríguez dio muchísima lata con ese asunto del déficit, del que culpó básicamente al anterior Gobierno y a la decisión de bajar el IGIC del 7 al 6’5 por ciento, e insistió en los datos ofrecidos, según él, por el Ministerio de Hacienda y la autoridad fiscal independiente. Cuando la Airef publicó sus datos, el déficit no aparecía por ningún lado, y ahora ha sido Hacienda la que ha publicado los suyos, y en ellos no hay déficit sino superávit. Preguntado por este chocante particular en el Parlamento, Rodríguez no fue capaz de explicar muy bien porque el Ministerio le desmiente, y lo único que logró argüir es que los datos son una ‘foto fija’ que no revelan el estado verdadero del asunto. El estado verdadero es que el IGIC no cobrado supondrá a fin de año una merma de algo menos de 200 millones de euros que no entraran en caja. Subir el impuesto al consumo hasta el 7 por ciento reduciría en parte esa merma, pero ahora nos enteramos de que el nuevo reglamento de IGIC establecerá mecanismos para que el impuesto sólo suba a las empresas y autónomos que facturen más de 30.000 euros anuales. No es una mala medida, porque el IGIC es el impuesto socialmente más injusto que existe: como en casi todos los impuestos indirectos, pagan lo mismo ricos y pobres. Para evitar la crítica en ese sentido, dado que este gobierno se ha comprometido a no someter a los menos pudientes a más extorsión fiscal, se busca un formato para que la subida sólo afecte a las empresas más exitosas y los profesionales más acaudalados. Eso supone abrir un camino inexplorado: hasta ahora, los tipos del IGIC se establecen en función del producto. A partir de ahora, también unas empresas pagarán más que otras en función de su facturación. Pero todos los consumidores seguirán pagando lo mismo cuando compren algo, supongo yo. Y con esa decisión, los casi 200 millones que se quieren recuperar serán bastante menos, con lo que a lo peor, el remedio supone más lío que beneficio fiscal para la administración.

 

 

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