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Sábado, 19 de Octubre de 2019

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Hacienda pide más documentación para hacer un nuevo informe por el caso Subdelegación

La causa se centra en 34 personas investigadas, entre ellas funcionarios, empresarios y los dos ex subdelegados. En el caso en que se investiga un presunto fraude de 1 millón de euros

Fachada de la Subdelegación del Gobierno en Castellón /

En el caso en que se investiga un presunto fraude de 1 millón de euros en la Subdelegación de Castellón, el Ministerio de Hacienda ha solicitado al juzgado más documentación para realizar un nuevo informe.

Hacienda ha enviado un comunicado al juzgado, donde solicita toda la documentación de los expedientes de anticipo de las cajas fijas de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, además de toda la documentación de los expedientes económicos de los nueve procesos electorales, que se celebraron entre 2007 y 2016. En base a esta información solicitada al Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, la delegación del Ministerio de Hacienda en Teruel se encargará de realizar un informe pericial de las cuentas de la Subdelegación.

La magistrada del caso trata de averiguar si en el periodo investigado hubo un presunto fraude de 1 millón de euros en facturas presuntamente falsas, y se se produjeron delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos. Ayer, declararon como testigos tres de los asesores del ex subdelegado del Gobierno, David Barelles, del Partido Popular, investigado en la causa.

Entre otras cuestiones, los asesores manifestaron que desconocían que la Intervención de Hacienda había manifestado que el Subdelegado no podía ir a comer con asesores o funcionarios de la casa. Además, aseguraron que el criterio en las comidas era, que la factura de los comensales no superara los veintidós euros, porque la economía del país no estaba para gastos, según manifestaron, y señalaron que nunca tomaban bebidas, tras las comidas oficiales.

Uno de los asesores señaló, que celebraron un desayuno informativo en el Casino Antiguo, con el ex Delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, y que pagaron los Subdelegados del Gobierno de Valencia, Castellón y Alicante, que aportaron de su bolsillo 100 euros por persona, porque consideraron que este evento no podía ser financiado por la Delegación ni por la Subdelegación, y que como la charla era políticamente positiva, decidieron pagarla.

La causa se centra en 34 personas investigadas, entre ellas funcionarios, empresarios y los dos ex subdelegados. El juez instructor, en un auto dictado, ha acordado prorrogar la declaración de complejidad de la causa y el plazo de instrucción hasta el 6 de noviembre de 2020

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