La Consejera de familia visita el Burgo para sensibilizar en materia de igualdad y prevención de violencia de género

Soria

Isabel Blanco ha recordado que este es el segundo año que se desarrollan estas jornadas, celebradas el pasado año en Salamanca, Burgos, León y Valladolid con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviembre) y que se dirigen a los técnicos de las asociaciones de discapacidad de Castilla y León.

Los encuentros se han celebrado ya en Palencia y Zamora, aunque esta jornada en El Burgo de Osma destaca también por ser la primera que incluye como destinatarios, además de los técnicos, a los profesionales de referencia dentro de los servicios sociales para las víctimas de violencia de género y a los coordinadores de caso. De esta manera se pretende detectar cuanto antes el maltrato y mejorar la atención, ya que uno de los objetivos de la Junta para esta legislatura es reforzar el sistema de información único e intensificar la formación, acercándola a más profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género.

Para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es importante mejorar las competencias de todos los profesionales implicados para consolidar una red coordinada y conjunta que fomente la prevención, detección precoz y apoyo contra el maltrato que pueda afectar a las mujeres con discapacidad.

Para lograrlo es esencial la formación especializada; “precisamente la formación y el trabajo en red son unos de los pilares fundamentales de Modelo Objetivo Violencia Cero impulsado por la Junta de Castilla y León” señaló Blanco.

El modelo de atención a víctimas de violencia de género, 'Objetivo Violencia Cero', está basado en la persona y facilita la coordinación entre profesionales para dar una respuesta adaptada a sus necesidades en cada momento. Es un modelo autonómico, impulsado por la Junta de Castilla y León, que cuenta desde el principio con la colaboración e implicación de todos los agentes e instituciones, públicas y privadas, que intervienen en la atención y protección a víctimas de violencia de género. Se fundamenta en el trabajo en red de todos los profesionales implicados: servicios sociales, ámbito judicial, sanitario y educativo, fuerzas y cuerpos de seguridad o entidades del Tercer Sector.

En febrero de este año, la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades aprobó el Plan de formación en violencia de género 2019-2022, basado en la detección de necesidades y que ofrecerá formación especializada y específica en las herramientas y conocimientos necesarios que contribuyan al más eficaz ejercicio de sus funciones. A lo largo de los cuatro años de vigencia del plan está previsto que llegue a 35.000 profesionales de todos los ámbitos: servicios sociales, sanitario, educación, justicia, abogacía…

Además, el compromiso de la Junta de Castilla y León es el de asentar, consolidar y extender por todo el territorio de la Comunidad los distintos recursos, prestaciones y procedimientos del modelo, con especial atención, a las personas que residen en el medio rural, porque la lucha contra la violencia de género es y será un compromiso y una prioridad, como señaló el presidente Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura.

CERMI Castilla y León, es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos con discapacidad y ha centrado su actividad durante los últimos años en cinco áreas concretas: educación, familia, empleo, accesibilidad y salud. CERMI Castilla y León está integrado por 11 federaciones: Aspace, Salud Mental, Plena Inclusión, Autismo, Síndrome de Down, Once, Predif, Fapas, Fams, Cocenfe y Feacem. Además de la colaboración en la jornada celebrada, la relación de este colectivo con la Junta de Castilla y León ha sido muy fluida a lo largo de estos años y ha servido para consensuar y aprobar actuaciones como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para personas con discapacidad.

También a lo largo de la última legislatura, el CERMI ha participado en la elaboración de la Estrategia prevención dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León, el proyecto de Inserción laboral, con la incorpo ración de cláusulas sociales y reserva de contratación para favorecer la incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad. Se ha impulsado también la figura del asistente personal, se ha apostado por los itinerarios personalizados de inserción, se han reservado plazas en la oferta de empleo público de la Junta de Castilla y León y se ha resuelto por primera vez una convocatoria específica de acceso al empleo público para personas con discapacidad intelectual.

En el aspecto económico, se ha firmado un nuevo acuerdo que permite mejoras en las normativas de precios públicos y de prestaciones a dependientes, lo que supondrán que las personas con discapacidad o dependientes de la Castilla y León se ahorrarán más de 3,8 millones de euros; se reduce un 20 % la aportación del usuario del servicio de centro de día a las personas con discapacidad, se elimina el cómputo del patrimonio a las personas con discapacidad menores de 65 años, se tendrá en cuenta sólo el 70 % de sus ingresos por trabajo, y se incrementan las cantidades de dinero disponibles para las personas con discapacidad destinadas a actividades que fomenten su integración social.

Y en el ámbito de la dependencia para las personas con discapacidad, se ha incrementado el importe de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, aumentado el porcentaje de coste del servicio que abona la Administración en la prestación vinculada e incrementado las compatibilidades entre prestaciones, mejoras que han permitido que Castilla y León sea una comunidad de referencia en toda España en la atención a las personas dependientes, como se ha podido comprobar en los diferentes Informes del Observatorio del Sistema de la Dependencia.

Toda esta colaboración viene abalada por una financiación, por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que para el conjunto de entidades que componen el CERMI de Castilla y León, en el año 2018 rondó los 84 millones de euros.